La presencia de una bandera del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura del tramo que conduce a Chía (Cundinamarca), provocó el cierre de la vía durante varias horas en la madrugada de este viernes. La alarma fue generada por un trabajador de la concesión vial que avistó el emblema terrorista atado a unos palos a un costado de la carretera. De inmediato, las autoridades desplegaron un equipo antiexplosivos para descartar la presencia de artefactos detonantes.
Mientras tanto, en la vía que conecta a Puerto Santander con Cúcuta, Norte de Santander, transeúntes encontraron un cilindro-bomba abandonado en plena calle, también con las iniciales del ELN. En otro operativo, el Ejército Nacional reportó la ubicación y destrucción de cerca de 46 artefactos explosivos improvisados y más de 850 kilogramos de explosivos en la vereda Manzanares, municipio de El Tarra. Según las autoridades, estos elementos fueron instalados por integrantes de las disidencias del Bloque Magdalena Medio, Estructura 33.
Los explosivos fueron hallados en zonas cercanas a vías terciarias y viviendas, constituyendo una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Crisis Humanitaria en el Catatumbo
La nueva oleada de violencia en el Catatumbo, que involucra a grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC, comenzó el 15 de enero y ha generado un dramático saldo de víctimas y desplazados en los 11 municipios de la región: Ocaña, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata.
De acuerdo con datos del Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Gobernación de Norte de Santander, los enfrentamientos han dejado hasta la fecha al menos 56 personas muertas y un éxodo masivo de 54.098 desplazados. Las cifras muestran que Cúcuta ha recibido el mayor número de desarraigados (24.976), seguida por Tibú (13.376) y Ocaña (10.228), lo que ha generado una crisis de atención humanitaria en estas zonas.
El recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo plantea serios desafíos para el gobierno nacional, que enfrenta dificultades en la implementación de estrategias de seguridad y protección de la población civil. A medida que el conflicto se intensifica, crece la incertidumbre sobre la capacidad del Estado para frenar la violencia y garantizar la estabilidad en una de las regiones más golpeadas por el accionar de los grupos armados ilegales.
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