Nuevo escándalo de corrupción en el Congreso: 28 congresistas implicados en irregularidades en contratos de Invías


El eco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aún no se disipa, y ya otro caso sacude al país. La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a 28 congresistas por su presunta participación en irregularidades en contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Este nuevo entramado de corrupción podría tener una magnitud incluso mayor que el escándalo de la UNGRD.

Testimonio clave destapa la red de corrupción

El detonante de este nuevo escándalo fue el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Durante su declaración ante la Fiscalía, Benavides reveló información que involucra a senadores y representantes de distintos partidos políticos en la adjudicación de contratos de infraestructura vial bajo presuntas condiciones irregulares.

La solicitud de investigación fue presentada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lidera el Grupo de Tareas Especiales, también encargado del macroproceso de corrupción en la UNGRD.

Benavides, pieza clave en el proceso, no solo proporcionó las pruebas que llevaron a la Fiscalía a compulsar copias contra los 28 congresistas, sino que también estaría buscando un acuerdo con la justicia que le otorgue inmunidad a cambio de su colaboración en la investigación.

Los nombres de los implicados

La lista de los congresistas implicados empieza a salir a la luz. Entre ellos se encuentran los siguientes representantes a la Cámara y senadores:

Representantes a la Cámara:

  • Juan Loreto Gómez Soto (Partido Conservador - La Guajira)

  • Olga Lucía Velásquez Nieto (Partido Verde - Bogotá)

  • Katherine Miranda (Alianza Verde - Bogotá)

  • Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza (Partido de la U - Norte de Santander)

  • Daniel Restrepo Carmona (Partido Conservador - Antioquia)

  • Wadith Alberto Manzur Imbelt (Partido Conservador - Córdoba, también implicado en el escándalo de la UNGRD)

  • Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal - Antioquia)

  • Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde - Meta)

  • Wilmer Castellano Hernández (Alianza Verde - Boyacá)

  • Silvio José Carrasquilla Torres (Partido Liberal - Bolívar)

  • Álvaro Henry Monedero Rivera (Partido Liberal - Valle)

  • Elkin Rodolfo Ospina Ospina (Alianza Verde - Antioquia)

  • Wilder Iberson Escobar Ortiz (Gente en Movimiento - Caldas)

  • Milena Jaraba Díaz (Partido de la U - Sucre)

  • Sandra Viviana Aristizábal Saleg (Partido Liberal - Quindío)

  • Kellyn Johana González Duarte (Partido Liberal - Magdalena)

  • Yamil Hernando Arana Padavi (Partido Conservador - Bolívar)

  • Juliana Aray Franco (Partido Conservador - Bolívar)

  • Néstor Leonardo Rico Rico (Cambio Radical - Cundinamarca)

  • Willmer Yesid Guerrero Avendaño (Partido Liberal - Norte de Santander)

Senadores:

  • Juan Diego Echavarría Sánchez (Partido Liberal - Antioquia)

  • Efraín José Cepeda Sarabia (Partido Conservador - Atlántico)

  • Juan Carlos Garcés Rojas (Partido de la U - Valle)

  • Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal - Pereira, también involucrado en el caso de la UNGRD)

  • José Alfredo Gnecco Zuleta (Partido de la U - Cesar)

  • Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador - Córdoba)

  • Karina Espinosa Oliver (Partido Liberal - Sucre)

Lo que sigue en la investigación

El testimonio de Benavides podría acelerar las investigaciones y destapar nuevas ramificaciones del escándalo en un momento en el que el Gobierno y el Congreso atraviesan una crisis reputacional por la corrupción en la UNGRD.

Ahora, se espera que la Corte Suprema de Justicia designe a un magistrado para iniciar la indagación previa y determinar si existen méritos suficientes para vincular formalmente a los congresistas en la investigación. De confirmarse las acusaciones, este escándalo representaría una nueva muestra de cómo las instituciones del país han sido utilizadas para el desfalco de los recursos públicos

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