Mientras más de 1.600 sindicados sobreviven en condiciones indignas dentro de estaciones de Policía que superan el 150% de hacinamiento, Medellín gasta cerca de $96.000 millones al año en su manutención. Una paradoja entre el colapso del sistema penitenciario y la ineficiencia fiscal.
El hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín se ha convertido en una de las mayores vergüenzas institucionales del país. Lo que empezó como una emergencia transitoria terminó consolidándose en una crisis estructural que vulnera los derechos humanos más elementales y, al mismo tiempo, golpea con fuerza las finanzas públicas del distrito.
Según cifras de la Secretaría de Seguridad, el municipio destina cerca de $96.000 millones anuales —equivalentes a $8.000 millones mensuales— para sostener a las personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas. En términos simples, mantener a un solo detenido le cuesta a Medellín entre cinco y seis millones de pesos mensuales, una cifra tan desproporcionada que, con el mismo presupuesto, podrían construirse tres instituciones educativas al año.
Un gasto multimillonario para un sistema colapsado
El secretario de Seguridad, Manuel Villa, confirmó el dato: Medellín asume un gasto que, por ley, debería ser compartido con el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, la falta de cupos en cárceles del INPEC ha llevado a que las estaciones de Policía —espacios pensados para detenciones de máximo 36 horas— se conviertan en verdaderos centros carcelarios improvisados.
Hoy, esas instalaciones albergan cerca de 1.600 sindicados, pese a que su capacidad apenas supera las 640 personas. El resultado: un hacinamiento de alrededor del 150%, que en algunos casos alcanza niveles casi inhumanos.
La Personería Distrital de Medellín ha denunciado que en ciertos puntos la sobrepoblación supera el 210%. El caso más extremo es el de la estación de la Sijín, que tiene capacidad para 20 detenidos, pero ha llegado a albergar hasta 357 personas, lo que representa un hacinamiento del 1.685%. En ese contexto, no solo se diluyen los derechos básicos de las personas privadas de la libertad, sino que se multiplican los riesgos de violencia, enfermedades y degradación social.
El costo social de una política penitenciaria ausente
Más allá del impacto fiscal, la crisis revela una profunda deuda del Estado con la dignidad humana. Las estaciones, diseñadas para retenciones cortas, no tienen ventilación adecuada, servicios sanitarios suficientes ni condiciones mínimas de habitabilidad.
La Corte Constitucional lleva más de una década calificando el hacinamiento carcelario como un “estado de cosas inconstitucional”, pero el problema parece haberse trasladado de las cárceles nacionales a los espacios urbanos. La ausencia de políticas integrales de resocialización y la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales han convertido las estaciones de Policía en símbolos de la descomposición institucional.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advirtió que los costos que están asumiendo los municipios son “extremadamente altos e insostenibles”, una carga que desvía recursos esenciales de la inversión social y urbana. En efecto, Medellín no solo paga por la manutención de los sindicados, sino también por los riesgos judiciales que puedan derivarse de las condiciones inhumanas de detención.
Una cárcel metropolitana como salida… o como parche
Ante la presión judicial y el desborde de la crisis, el Distrito de Medellín avanza en la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. Se trata de un megaproyecto de $675.000 millones, el primero en Colombia bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP), con una capacidad proyectada para 1.339 internos.
Esta obra responde a órdenes judiciales de la Corte Constitucional (2015) y del Tribunal Administrativo de Antioquia (2019), que exigieron al Distrito resolver de fondo la problemática. No obstante, el proyecto ha sido cuestionado por organizaciones sociales que advierten que construir más cárceles sin reformar el sistema judicial solo traslada el problema, pero no lo soluciona.
El alcalde Federico Gutiérrez ha defendido la iniciativa como una medida integral: “No se trata solo de castigar, sino de dar oportunidades de formación, trabajo y resocialización. Queremos que los sindicados puedan reintegrarse a la sociedad”. La propuesta incluye programas de capacitación y trabajo penitenciario para reducir penas, aunque los críticos sostienen que aún no existe un modelo claro de sostenibilidad ni garantías reales de reinserción.
Un debate de fondo: derechos humanos y prioridades fiscales
El caso de Medellín pone sobre la mesa una contradicción moral y administrativa: ¿cómo es posible que una ciudad con serios déficits en educación, vivienda y empleo destine miles de millones de pesos mensuales a mantener personas en condiciones indignas?
El hacinamiento no es solo un problema de infraestructura, sino de enfoque. Mientras el gasto público se concentra en contener el colapso carcelario, se descuida la prevención del delito, la atención a jóvenes en riesgo y las políticas sociales que podrían reducir la reincidencia.
En palabras de un funcionario distrital que pidió reserva: “Estamos gastando más en sostener el fracaso del sistema que en prevenirlo”.
Una deuda moral que Medellín no puede seguir pagando
La situación en las estaciones de Policía de Medellín no es un asunto de orden público, sino de derechos humanos. Las cifras son tan escandalosas como el silencio institucional que las rodea. Cada peso destinado a sostener el hacinamiento es un peso que se resta a la dignidad, a la justicia social y al desarrollo humano.
Mientras no se reforme el sistema penitenciario nacional y no se establezca una corresponsabilidad real entre el Gobierno central, los departamentos y los municipios, el distrito seguirá pagando una factura multimillonaria por una crisis que no le corresponde resolver solo.
Medellín necesita cárceles, sí, pero sobre todo necesita una política penitenciaria con rostro humano, que entienda que la verdadera seguridad se construye desde la dignidad y la inclusión, no desde el hacinamiento ni el abandono.
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