Las autoridades arrestaron este viernes en Barranquilla al polémico contratista Emilio José Tapia Aldana, luego de que un juez de Bogotá revocara el beneficio de libertad condicional que lo mantenía fuera de prisión. La medida fue adoptada por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que el pasado 10 de octubre ordenó su recaptura inmediata.
Tapia, conocido por su participación en el “carrusel de la contratación” en Bogotá y por su papel en el escándalo de Centros Poblados, había obtenido la libertad condicional en abril de 2024. Sin embargo, el juzgado consideró que existían al menos dos motivos suficientes para revocar ese beneficio.
En su decisión, de 25 páginas, el despacho judicial señaló:
“Ordenar la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido, en el establecimiento que disponga el Inpec”.
El tribunal argumentó que los delitos cometidos por Tapia en el cartel de la contratación fueron graves y lesivos para la administración pública, y que su posterior vinculación en otros hechos de corrupción, como el caso Centros Poblados, demostraba reincidencia delictiva.
El caso de Centros Poblados estalló en agosto de 2021, cuando se reveló que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) había adjudicado un contrato por un billón de pesos para llevar conectividad a escuelas rurales del país. Sin embargo, los centros digitales nunca fueron instalados y se esfumaron $70.000 millones del anticipo entregado por la entidad.
Por estos hechos, Tapia fue condenado en diciembre de 2024 a seis años y cuatro meses de prisión, tras aceptar cargos por peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. El contratista firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que se comprometió a colaborar con la justicia y a reintegrar $5.063 millones obtenidos ilícitamente.
La investigación judicial determinó que, en 2020, Tapia organizó un esquema fraudulento para participar en la licitación del contrato 1043 de 2020 del MinTic. Para ello, constituyó la Unión Temporal Centros Poblados, utilizando experiencia de terceros y pólizas bancarias falsas. Una vez recibido el anticipo, desvió parte de los recursos para adquisiciones personales, entre ellas obras de arte, vehículos y pagos de honorarios legales.
Además, en 2021 replicó un esquema similar en Empresas Municipales de Cali (Emcali), donde se adjudicó dos contratos —por $3.798 millones y $2.414 millones— para obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino. Según la sentencia, falsificó pólizas de respaldo financiero, induciendo a error a los funcionarios que aprobaron la contratación.
Con esta nueva decisión judicial, Emilio Tapia deberá retornar a prisión para cumplir el resto de su condena y continuar el tratamiento penitenciario ordenado por las autoridades judiciales.
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