Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez: En poder de la Corte Suprema de Justicia están mis denuncias contra la señora Zuleta. Es muy grave que según estos elementos se presionan a Generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y les informan sobre operativos en su contra. Los que cometan estos actos, no solamente debe perder la investidura, deben ir a la cárcel.
Graves denuncias formuladas por altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares han puesto en el centro de la controversia a la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por una presunta interferencia directa en operativos e investigaciones contra organizaciones criminales que operan en Antioquia.
Según reveló la revista Semana, cinco generales en servicio activo y tres en retiro entregaron testimonios en los que aseguran haber recibido presiones por parte de la congresista, de su hermana Lina Zuleta y de asesores cercanos, para frenar procedimientos contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.
Llamadas para detener combates
Uno de los episodios más delicados denunciados se habría registrado el 17 de julio de 2023 en Ituango, municipio natal de la senadora. De acuerdo con los oficiales, en pleno enfrentamiento entre tropas del Ejército y los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, Zuleta habría llamado a un alto mando para solicitar que se detuviera el combate, bajo el argumento de que los militares estaban atacando a “mineros”.
“Pidió prácticamente que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, relató uno de los oficiales al medio citado, quien manifestó temor a represalias administrativas debido a la supuesta influencia política de la senadora ante el presidente Gustavo Petro y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.
En ese enfrentamiento murieron dos soldados. Según los testimonios, también intervino Johan Edisson Giraldo, asesor de la congresista, quien contactó vía WhatsApp a un general para advertir sobre la persecución de personas específicas, identificadas como Saúl Valencia, Tobías Valencia y una mujer conocida como Marcela, presentadas como presuntos mineros atrapados en medio del combate.
“Por favor, general, no cometan una equivocación con estas tres personas. ¿Cómo les ayudamos para que esto no pase?”, decía uno de los mensajes enviados al alto oficial.
Cuestionamientos a operativos contra minería ilegal
Las denuncias no se limitan a Ituango. Altos mandos aseguran que la senadora Zuleta ha cuestionado reiteradamente los operativos contra la minería ilegal en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, regiones donde operan estructuras como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.
Tras un operativo de incautación de dragas en Amalfi, Zuleta habría criticado duramente el accionar de la Policía y expresado su inconformidad en reuniones oficiales por la vinculación del frente 36 de las disidencias de las Farc en investigaciones judiciales.
“Siempre defiende a la minería en todas sus aristas”, afirmó un oficial activo, pese —según dijo— a la existencia de pruebas que relacionan a algunos mineros con organizaciones criminales.
Intervenciones de su entorno familiar
Los generales también señalaron a Lina Zuleta, hermana de la congresista, quien en algunas ocasiones se habría presentado ante unidades militares para cuestionar el accionar de la fuerza pública en municipios como Briceño.
“Escribió la hermana de Isabel Cristina Zuleta: ‘Ay, general, ¿por qué la tropa no ha llegado?’. Ellos solo ven al Clan del Golfo, nunca ven a las Farc ni al ELN”, aseguró uno de los oficiales.
Tensiones en Medellín y la “paz total”
Las presuntas interferencias también habrían llegado a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Zuleta, quien actúa como coordinadora de los diálogos de la llamada “paz total” en la cárcel La Paz de Itagüí, habría buscado a superiores en Bogotá para alertar sobre supuestos “montajes” en Medellín que, según ella, afectarían el proceso de negociación.
De acuerdo con los testimonios, la senadora ha cuestionado al brigadier William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, por su trabajo articulado con la Alcaldía de Medellín, liderada por Federico Gutiérrez.
“Criticaba que trabajara con la Alcaldía, cuando es lógico que un comandante lo haga”, señaló un alto oficial.
En el primer semestre de 2024, Zuleta también habría responsabilizado a la Policía de Medellín por una operación contra la Oficina de Envigado, pese a que la acción fue liderada por la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, manifestó preocupación por operativos contra alias ‘Yordi’ y estructuras como ‘La Terraza’, al considerar que afectarían la mesa de diálogo en Itagüí.
Generales se dicen presionados
Los oficiales que rindieron testimonio afirmaron sentirse “doblegados” por la presión política, temiendo ser relevados de sus cargos o ver afectadas sus carreras.
“Asustado uno de que lo fueran a relevar o alguna cosa así, se le contaban las cosas”, confesó uno de los generales.
El general retirado Guillermo León León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, calificó como inaceptable que una persona vinculada a procesos de paz contacte directamente a generales para solicitar la suspensión de operaciones, recordando que, sin un cese al fuego formal, la fuerza pública no tiene restricciones para actuar.
Procesos judiciales en curso
Por la gravedad de los señalamientos, la cúpula militar alertó al Ministerio de Defensa para que brinde acompañamiento institucional. El caso ya fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación.
Paralelamente, el Consejo de Estado adelanta un proceso que podría derivar en la pérdida de investidura de la congresista, el cual incluye señalamientos por el traslado de cabecillas de estructuras criminales desde la cárcel de Itagüí al evento público conocido como el “tarimazo”, realizado en julio de 2025.
La senadora enfrenta además denuncias por presunto abuso de función pública, prevaricato, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, radicadas por la senadora Paola Holguín, el concejal de Medellín Andrés Tobón y el alcalde Federico Gutiérrez.
Alcalde Federico Gutiérrez insiste en gravedad de los hechos
El alcalde de Medellín ha reiterado públicamente que cuenta con pruebas que vincularían a la congresista con presuntas interferencias para evitar la captura de cabecillas de bandas criminales como La Terraza.
“Es muy grave que, según estos elementos, se presione a generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y que incluso se les informe sobre operativos en su contra. Después de mis denuncias, extrañamente, recibí amenazas”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.
En declaraciones posteriores, el mandatario aseguró que alias ‘Yordi’, señalado como uno de los jefes de La Terraza, estaba siendo investigado desde hacía más de diez meses por la Fiscalía y la Policía, con apoyo de la Alcaldía, y que las estructuras criminales ya tenían información anticipada sobre las capturas.
“Le ayudan a las Farc y a otras organizaciones criminales. Quienes cometan estos actos no solo deben perder la investidura, deben ir a la cárcel”, concluyó el alcalde.
Mientras avanzan las investigaciones en la Corte Suprema, la Fiscalía y el Consejo de Estado, las denuncias de los altos mandos reabren un debate de fondo sobre los límites de la gestión política en contextos de negociación y la autonomía de la fuerza pública en la lucha contra el crimen organizado.
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