Los nombres que generan rechazo
A pocos meses de las elecciones al Congreso de la República, previstas para el próximo 8 de marzo, el panorama político colombiano vuelve a estar marcado por una constante que genera rechazo ciudadano: la proliferación de candidatos con serios cuestionamientos éticos, judiciales y políticos, muchos de ellos respaldados por clanes regionales, padrinos de peso o estructuras tradicionales de poder.
Se trata de aspirantes que, pese a cargar con investigaciones disciplinarias, procesos judiciales, denuncias por violencia de género, presuntos hechos de corrupción o vínculos con escándalos de alto impacto nacional, buscan asegurarse una curul en el Parlamento que se instalará el 20 de julio. El objetivo es claro: mantener o recuperar cuotas de poder, aun cuando la legitimidad de sus aspiraciones esté en entredicho.
En la contienda están en juego 102 escaños del Senado y 185 de la Cámara de Representantes, un botín político que ha reactivado alianzas cuestionadas, listas armadas desde los escritorios y candidaturas que parecen responder más a la herencia política y al clientelismo que al mérito, la trayectoria social o la defensa del interés público.
Desconfianza ciudadana y descrédito institucional
El contexto no podría ser más adverso. Una encuesta de Invamer revelada en noviembre pasado mostró que el 55 % de los colombianos tiene una opinión desfavorable del Congreso, frente a apenas un 34,6 % con percepción positiva. La conclusión es contundente: solo una de cada tres personas considera que el Congreso es una institución beneficiosa para el país.
Este profundo descrédito se ve acentuado por la presencia, en las listas electorales, de aspirantes señalados por presuntas conductas irregulares, lo que refuerza el escepticismo, la apatía electoral y el rechazo de amplios sectores de la ciudadanía.
Escándalos, clanes y reciclaje político
En el abanico de candidaturas figuran excongresistas que buscan volver, funcionarios sancionados, dirigentes con investigaciones abiertas y herederos de poderosos clanes regionales que insisten en convertir la política en un ejercicio de sucesión familiar.
Hay candidatos con acusaciones por violencia intrafamiliar o agresiones contra mujeres, otros señalados por acoso sexual, por promover condiciones laborales precarias, o por su presunta participación en entramados de corrupción, como el que desangró a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado el mayor escándalo del actual gobierno.
También reaparecen figuras vinculadas a contratistas condenados, estructuras clientelares históricas y redes políticas que, elección tras elección, logran reciclarse gracias a avales partidistas, coaliciones oportunistas y financiaciones de campaña poco transparentes.
El fantasma de la corrupción y la impunidad
El caso de la UNGRD se ha convertido en un símbolo del desgaste institucional. Varios congresistas y aspirantes que hoy buscan repetir o ascender en el Legislativo han sido salpicados por señalamientos de tráfico de influencias, favorecimiento contractual o recepción de dineros, según versiones conocidas por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
La historia reciente recuerda episodios como el del fallecido senador Mario Castaño, quien logró reelegirse en 2022 pero no pudo posesionarse tras ser capturado y posteriormente condenado. Un precedente que hoy despierta alertas sobre la posibilidad de que situaciones similares se repitan.
Meritocracia ausente y política de chequera
En muy pocos casos —coinciden analistas y sectores sociales— prima el mérito, la formación o el trabajo comunitario real. En cambio, predominan las alianzas entre élites, el amiguismo político, el peso de los apellidos y, como suele ocurrir en cada ciclo electoral, una abultada y enigmática chequera que permite financiar campañas sin mayores explicaciones.
Mientras tanto, el país enfrenta una profunda crisis social, económica y de confianza institucional, y buena parte de la ciudadanía se pregunta si el próximo Congreso será realmente un escenario de renovación democrática o, una vez más, la reproducción de las mismas prácticas que han debilitado la credibilidad del sistema político colombiano.
Una elección decisiva
Las elecciones del 8 de marzo no solo definirán la composición del próximo Congreso, sino que pondrán a prueba la capacidad del electorado para castigar o premiar a quienes han hecho de la política un negocio personal o familiar.
En medio del hastío ciudadano, el reto sigue siendo el mismo: romper el círculo del poder heredado, la corrupción y la impunidad, y abrir paso a una representación que responda verdaderamente a los intereses del país y no a los de unos pocos.
¿Quiénes son los candidatos cuestionados?
Aunque las listas definitivas aún se consolidan, ya figuran en la contienda al Congreso aspirantes con investigaciones, denuncias o señalamientos públicos que han generado preocupación y rechazo en distintos sectores de la opinión pública:
- César Augusto Lorduy (Cambio Radical)Exrepresentante y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Ha sido denunciado públicamente por presunto acoso sexual y solicitud de favores indebidos, además de cargar con antiguos señalamientos por un caso judicial ocurrido décadas atrás. Busca regresar al Congreso con el respaldo de poderosos sectores políticos de la Costa Caribe.
- Juan David Duque (Frente Amplio Unitario)Exfuncionario de la Alcaldía de Medellín y cercano al exalcalde Daniel Quintero. Fue objeto de moción de censura y declarado insubsistente. Enfrenta una investigación disciplinaria de la Procuraduría por presunto uso irregular de recursos públicos.
- Martha Isabel Peralta (MAIS)Senadora en ejercicio, salpicada por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Es mencionada en investigaciones preliminares y cuestionada por el incremento patrimonial reportado durante su paso por el Congreso. Aspira a conservar su curul.
- David Ricardo Racero (Pacto Histórico)Representante a la Cámara que busca llegar al Senado. Es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunta concusión y enfrenta un proceso de pérdida de investidura por supuestos abusos laborales, en contradicción con su discurso público de defensa de los derechos de los trabajadores.
- Daniel Restrepo Carmona (Partido Conservador)Congresista antioqueño que aspira al Senado con el respaldo de barones electorales regionales, algunos de ellos salpicados en el caso UNGRD. Ha sido criticado por su cercanía al Gobierno y por representar la continuidad de estructuras tradicionales de poder.
- Máximo Noriega (Frente Amplio Unitario)Exfuncionario y dirigente político vinculado a la campaña presidencial de 2022. Ha sido señalado por presunta recepción de dineros irregulares, lo que le costó el retiro de avales en procesos electorales anteriores.
- Álex Flórez (Pacto Histórico)Senador investigado por la Corte Suprema por presunta violencia intrafamiliar agravada. Ha protagonizado además episodios públicos de comportamiento reprochable que derivaron en sanciones disciplinarias.
- Richard Aguilar (Partido Liberal)Exgobernador de Santander y exsenador, integrante de un conocido clan político. Ha enfrentado procesos por presunta corrupción y estuvo privado de la libertad, aunque hoy busca retornar al Congreso bajo un nuevo aval partidista.
- Juan José Durango (Cambio Radical)Candidato promovido por sectores cercanos a contratistas condenados por corrupción. Ha sido cuestionado por su cercanía con estructuras políticas investigadas y por representar la continuidad de viejas redes de poder.
- Olga Milena Flórez Sierra (Frente Amplio Unitario)Esposa del exsenador condenado Musa Besaile. Su aspiración ha sido interpretada como un intento de heredar capital político de uno de los clanes más cuestionados del Caribe colombiano.
- Julio César González “Matador” (Pacto Histórico)Caricaturista y ahora candidato al Senado. Su aspiración ha generado polémica por antecedentes de violencia de género y recientes controversias por mensajes considerados ofensivos o machistas.
- Leonidas Name (Frente Amplio Unitario)Exfuncionario de la UNGRD y sobrino del expresidente del Senado Iván Name. Es señalado por presunta recepción de dineros relacionados con el escándalo de corrupción en Gestión del Riesgo.
- Wilmer Carrillo (Norte de Santander)
Representante a la Cámara por Norte de Santander, aspira llegar al senado. Ha sido cuestionado por presuntas irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción durante su gestión como secretario de Infraestructura del departamento, hechos que son materia de investigaciones por parte de los organismos de control. Su aspiración a mantenerse en el escenario legislativo ha generado críticas en sectores ciudadanos y sociales de la región, que reclaman mayor transparencia y renovación política.
Un patrón que se repite
Más allá de los nombres propios, lo que inquieta a la ciudadanía es el patrón reiterado: candidaturas impulsadas por clanes, padrinos políticos y alianzas coyunturales, con investigaciones abiertas o antecedentes que ponen en duda su idoneidad, en un Congreso ya profundamente desprestigiado ante la opinión pública.
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