La Corte Suprema de Justicia, en coordinación con el Inpec, definió los lugares de reclusión para los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, quienes deberán enfrentar juicio por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con las decisiones judiciales, Manzur será trasladado a la Escuela de Carabineros de la Policía, mientras que Manrique permanecerá recluida en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. La Sala Especial de Instrucción ordenó la detención preventiva de ambos tras acusarlos de cohecho impropio, luego de tres sesiones extraordinarias realizadas el pasado 11 de marzo.
Presunta red de corrupción
La investigación señala que los congresistas habrían intervenido en la manipulación de contratos de la UNGRD para favorecer al gobierno del presidente Gustavo Petro, específicamente en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Según el alto tribunal, existen indicios de que en diversas reuniones se habrían pactado beneficios a cambio de apoyo político, incluyendo la agilización de contrataciones y obras de interventoría en proyectos ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar, con un valor cercano a los 92.000 millones de pesos.
La Corte sostiene que hay evidencia suficiente que sugiere que los congresistas no solo habrían participado en el esquema, sino que incluso habrían definido los montos que recibirían a cambio de su gestión.
Testimonios clave
Uno de los testimonios centrales proviene del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien en interrogatorio ante la Fiscalía mencionó a Manrique como enlace entre el Gobierno y el Congreso en negociaciones lideradas desde el Ministerio del Interior, en las que también habría participado el entonces ministro Luis Fernando Velasco.
Posteriormente, según López, se habría decidido que Wadith Manzur asumiera ese rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda. En dichas reuniones se habrían concretado los contratos y su asignación política.
Otros investigados
Además de Manzur y Manrique, la Corte mantiene bajo investigación —aunque en libertad— a otros congresistas, entre ellos Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Crisis institucional y cuestionamientos
El caso revive las críticas sobre la lentitud de la justicia y la falta de controles efectivos dentro del sistema político colombiano. Mientras avanzan las investigaciones, varios de los implicados continúan participando en la vida electoral, e incluso han sido elegidos para cargos públicos.
Datos recientes de la Procuraduría General de la Nación evidencian la magnitud del problema: actualmente existen procesos abiertos contra 26 senadores electos (uno de cada cuatro) y 27 representantes a la Cámara (cerca del 16 %). En total, el organismo adelanta 52 procesos contra senadores y 40 contra representantes.
Entre los partidos políticos, el Pacto Histórico lidera el número de investigaciones en el Senado, seguido por el Partido Liberal y el Partido de La U, mientras que otras colectividades como el Centro Democrático y el Partido Conservador también registran varios casos.
Dentro del
Pacto Histórico también figuran congresistas con investigaciones abiertas. Uno
de ellos es el senador Alex Flórez, cercano al exalcalde de Medellín Daniel
Quintero, quien acumula cinco procesos disciplinarios: cuatro derivados de su
paso por el Concejo de Medellín y uno relacionado con su desempeño como
senador.
En esa
misma colectividad aparece Carmen Patricia Caicedo, quien a lo largo de su
trayectoria política ha acumulado 24 procesos disciplinarios, aunque solo tres
permanecen vigentes.
Otros
senadores electos con hasta cinco investigaciones activas son Marcos Daniel
Pineda, del Partido Conservador —quien logró 88.065 votos—, y Wilmer Carrillo, del
Partido de La U, que pasó de la Cámara de Representantes de Norte de Santander
al Senado tras obtener 125.356 votos.
En la
Cámara de Representantes, el congresista electo con más procesos es el
exalcalde de Valledupar Mello Castro González, elegido con 58.171 votos por el
Partido Liberal. Entre los hechos investigados figuran presuntas
irregularidades en el manejo de regalías y la supuesta omisión en la
presentación de su declaración de bienes y rentas.
Con hasta
tres procesos disciplinarios también aparecen el exalcalde de Piedecuesta
(Santander), Mario José Carvajal, elegido con 61.313 votos por el liberalismo;
el exdiputado de Risaralda José Durgués Espinosa Martínez, respaldado por el
Centro Democrático y el MIRA con 26.760 votos; y Julio Aníbal Álvarez,
exdiputado liberal de Nariño, quien obtuvo 35.534 apoyos.
Asimismo,
figuran con dos investigaciones activas el exalcalde de Duitama (Boyacá) José
Luis Bohórquez, del Pacto Histórico; Juan Manuel Londoño, exgerente de
Inficaldas y exsubgerente del Incoder, elegido por el Partido Conservador con
30.335 votos; y la actual representante del Huila Flora Perdomo Andrade,
respaldada por el Partido Liberal con 38.092 votos.
También aparece Guillermo Ignacio Alvira Acosta, exalcalde de San Luis (Tolima), quien alcanzó 54.506 votos con el aval conservador. Uno de los procesos en su contra se relaciona con el presunto incumplimiento de una sentencia de tutela que ordenaba ejecutar el proyecto habitacional Torres de San Carlos o, en su defecto, ofrecer alternativas a los beneficiarios
Debate abierto
El panorama ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad de los partidos políticos al otorgar avales a candidatos con investigaciones en curso, así como sobre la efectividad del Estado para sancionar estos comportamientos.
Analistas coinciden en que el caso de la UNGRD no solo expone posibles redes de corrupción, sino también fallas estructurales en los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en el sistema político colombiano.
Mientras tanto, la ciudadanía continúa cuestionando cuántos de estos procesos terminarán en sanciones efectivas y cuántos quedarán en la impunidad.
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