Un expediente de más de 5.000 folios, construido por la Corte Suprema de Justicia, revela la posible implicación de 30 congresistas en un presunto esquema de direccionamiento de contratos relacionado con el escándalo de la UNGRD.
La investigación se sustenta, entre otras pruebas, en el testimonio de María Alejandra Benavides, exasistente del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Considerada testigo clave, Benavides entregó a la justicia documentación que incluye registros de visitas, conversaciones y reuniones que evidenciarían compromisos entre el Ministerio de Hacienda y el Invías.
Según el expediente, una de las piezas fundamentales del presunto entramado habría sido Juan José Oyuela, quien habría estado a cargo de la operación y ejecución de contratos estratégicos. Incluso, en mayo de 2023 fue designado como director encargado de Invías, presuntamente para garantizar el respaldo en el Congreso de los parlamentarios señalados.
El documento, al que tuvo acceso la revista Semana, recoge indagaciones realizadas entre el 14 de marzo y el 1 de diciembre de 2025. Allí se detallan contratos, evidencias digitales, tablas de asignación de cupos y seguimientos que vincularían a congresistas con beneficios derivados de la contratación pública.
Las pesquisas apuntan principalmente a legisladores que integran las comisiones económicas del Congreso, responsables de aprobar el Presupuesto General de la Nación y autorizar créditos internacionales. En este contexto, la Corte busca determinar si desde el Ministerio de Hacienda se ordenó la entrega de más de 60 contratos con el objetivo de asegurar apoyo a las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Como parte de las diligencias, investigadores del alto tribunal inspeccionaron contratos en Invías, verificando su estado y posibles irregularidades. Se identificaron casos de contratos que permanecían inactivos y luego recibieron adiciones presupuestales millonarias, incluso superiores a sus valores iniciales.
Entre los congresistas mencionados en el expediente figuran miembros de diferentes partidos políticos, incluidos el Conservador, Verde, Liberal, de la U, Cambio Radical y otros movimientos. Debido a la relevancia de los nombres involucrados, la Corte ordenó corroborar cada una de las pruebas aportadas por la testigo, así como solicitar documentación completa de los contratos y proyectos financiados.
Congresistas mencionados en el expediente
De acuerdo con la información recopilada, en el expediente aparecen, de manera preliminar y dentro de una investigación en curso, los siguientes congresistas:
- Partido Conservador: Efraín Cepeda Saravia, Wadith Alberto Manzur, Juliana Aray Franco, Juan Loreto Gómez, Liliana Esther Bitar Castilla y Daniel Restrepo Carmona.
- Partido Verde: Elkin Rodolfo Ospina, Wilmer Yair Castellanos, Olga Lucía Velásquez, Juan Diego Muñoz y Katherine Miranda Peña.
- Partido de la U: Wilmer Carrillo Mendoza, Juan Carlos Garcés Rojas, José Alfredo Gnecco y Milene Jarava Díaz.
- Partido Liberal: Sandra Bibiana Aristizábal, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Kelyn Johana González, Jazmín Lizeth Barraza, Wilmer Yesid Guerrero, Juan Diego Echavarría, Karina Espinosa Oliver, Juan Pablo Gallo Amaya, Laura Ester Fortich y Julián Peinado Ramírez.
- Otros movimientos: Wilder Iberson Escobar Ortiz (Gente en Movimiento), Carlos Alberto Cuenca y Néstor Leonardo Rico (Cambio Radical), Karen Astrid Manrique (Asociación de Víctimas Intercultural y Regional) y Jairo Alberto Castellanos (En Marcha).
La Corte Suprema de Justicia ordenó verificar cada una de las pruebas aportadas, así como solicitar a Invías la totalidad de los contratos y documentos relacionados.
En la matriz de asignación de contratos también aparecen los nombres de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes actualmente enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en el escándalo.
La investigación incluye interrogatorios clave realizados a Benavides a finales de 2024, en el marco de un principio de oportunidad. Paralelamente, la Fiscalía Novena delegada ante la Corte Suprema adelanta indagaciones preliminares por hechos ocurridos en el segundo semestre de 2023.
Este caso se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país y podría tener profundas implicaciones políticas y judiciales en el Congreso colombiano.
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