El proyecto educativo, que debía beneficiar a más de 1.300 estudiantes de Taganga, no superó el 72 % de ejecución y hoy es señalado como otro “elefante blanco” en el Magdalena.
Santa Marta. Lo que en 2018 fue presentado como una de las obras educativas más importantes para el corregimiento de Taganga, hoy es señalado como un “elefante blanco” y una infraestructura en estado ruinoso. La construcción del megacolegio, que debía beneficiar a más de 1.300 estudiantes, permanece abandonada y se ha convertido en el centro de una fuerte controversia entre la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena.
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, describió la obra como una estructura inviable, al advertir la presencia de barras de acero expuestas, corrosión, deterioro en las cubiertas, hormigueros en los muros, agua empozada, vegetación invadiendo el edificio, columnas desviadas y muros fuera de nivel.
En una comunicación dirigida a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, el mandatario distrital manifestó su negativa a destinar nuevos recursos a un proyecto que actualmente es objeto de investigación por parte de organismos de control. Incluso, planteó la posibilidad de demoler la estructura existente y levantar una nueva obra desde cero.
La gobernadora, por su parte, no comparte esa posición. Guerra ha insistido en que la obra puede ser recuperada y ha solicitado asumir el control del proyecto, con el compromiso de invertir recursos departamentales para culminarlo y dotarlo.
Una promesa incumplida
El corregimiento de Taganga, ubicado a unos 20 minutos de Santa Marta, no cuenta con una institución educativa propia, por lo que niños y jóvenes deben desplazarse diariamente hasta la ciudad para recibir clases.
Ante esta necesidad, en 2018 se adjudicó la construcción del Instituto Educativo Distrital de Taganga, conocido como el megacolegio, con un presupuesto inicial de 9.400 millones de pesos y un anticipo de 2.800 millones. La obra debía entregarse en un plazo de 12 meses.
La licitación fue ganada por la Unión Temporal Taganga, representada en ese momento por Allison Fernández Castro e integrada por la Fundación para el Ingreso Integral Comunitario (Fundacom) y el empresario Carlos Arturo Camargo Moreno.
Sin embargo, el proyecto nunca superó el 72 % de ejecución.
La pandemia y el abandono
Durante la pandemia, en 2020, las labores fueron suspendidas por las restricciones sanitarias. Tras el levantamiento de estas medidas, la construcción nunca se reanudó, dejando la infraestructura inconclusa y expuesta al deterioro.
La interventoría estuvo a cargo del Consorcio Interventoría IED Santa Marta 2018, conformado por Constructora Tito Velásquez S.A.S. y Conin Consultores.
Precisamente, el nombre de Tito Velásquez también aparece relacionado con la interventoría de otro proyecto inconcluso en el Magdalena: el Centro de Desarrollo Infantil Ciudad Bonda, otra obra cuestionada y por la cual la Fiscalía llamó a juicio al exalcalde Carlos Caicedo.
Bajo la lupa de las autoridades
La obra del megacolegio actualmente está siendo investigada por la Contraloría y la Fiscalía, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en su planeación, ejecución y supervisión.
Un informe de la Contraloría advirtió fallas en la supervisión del proyecto, deficiencias en la planeación, pagos aprobados sin avances visibles y falta de acciones frente a las irregularidades detectadas.
Las investigaciones no solo involucran la administración del exalcalde Rafael Martínez, bajo cuyo mandato se firmó el contrato, sino también la gestión posterior de Virna Johnson, quien no logró retomar las obras ni concretar un nuevo proceso licitatorio.
Aunque en 2023 se abrió una nueva licitación, esta tampoco llegó a buen término.
El trasfondo político
La situación ha reavivado la tensión política entre los sectores que hoy gobiernan el Distrito y el Departamento.
Carlos Pinedo llegó a la Alcaldía tras derrotar al movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo. Mientras tanto, Margarita Guerra, cercana a ese mismo grupo político, asumió la Gobernación luego de la anulación de la elección de Rafael Martínez por doble militancia.
La diferencia de posturas frente al megacolegio refleja también esa disputa política: mientras la Alcaldía considera inviable rescatar la estructura, la Gobernación insiste en salvar la inversión realizada.
Los más afectados
Más allá del enfrentamiento institucional, la principal consecuencia recae sobre la comunidad de Taganga.
Después de años de espera, los niños y jóvenes del corregimiento continúan sin colegio propio y obligados a desplazarse hasta Santa Marta para estudiar.
La promesa de una infraestructura educativa moderna, que debía transformar el acceso a la educación en la zona, hoy permanece convertida en una obra abandonada y en símbolo de una deuda histórica con la comunidad.
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