La salida de Jorge Carrillo de la presidencia de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) no solo marca un hito judicial en la historia administrativa de Colombia, sino que expone una compleja trama de decisiones cuestionadas, tensiones internas y millonarios perjuicios para una de las empresas más estratégicas del país.
Lo que comenzó como un proceso técnico de selección en diciembre de 2023 terminó, poco más de un año después, en la anulación de un nombramiento, un detrimento patrimonial cercano a los $6.000 millones y una junta directiva enfrentada a posibles acciones legales por responsabilidad administrativa.
De la meritocracia a la imposición
ISA, una compañía que factura cerca de $16 billones anuales y lidera la transmisión de energía en América Latina, inició la búsqueda de su nuevo presidente con estándares internacionales. La firma cazatalentos Korn Ferry fue contratada para garantizar un proceso basado en méritos, con criterios como experiencia global, conocimiento en mercados de capitales y dominio en tarifación energética.
Sin embargo, el panorama cambió en marzo de 2024 con la renovación de las juntas directivas de Ecopetrol e ISA. Nuevos miembros, alineados con el Gobierno Nacional, modificaron los requisitos del proceso, lo que terminó favoreciendo a un candidato específico: Jorge Carrillo.
Según evaluaciones técnicas, Carrillo obtuvo apenas 28 puntos en la matriz diseñada por los cazatalentos, ubicándose entre los perfiles menos calificados. A pesar de ello, fue elegido por mayoría, ignorando advertencias sobre sus vacíos en áreas clave para la operación de la multilatina.
Alertas internas y represalias
El único alto directivo que cuestionó el proceso fue Carlos Humberto Delgado, entonces vicepresidente de Talento Organizacional, quien advirtió posibles violaciones a los estatutos y al Código de Buen Gobierno Corporativo.
Su postura le costó el cargo. Fue removido tras ser señalado de deslealtad por miembros de la junta. Hoy, el Consejo de Estado respalda sus advertencias, señalando inconsistencias en el proceso de selección.
Su salida sin justa causa se suma al listado de costos que hoy enfrenta la empresa.
Estrategia jurídica costosa y fallida
Tras las demandas interpuestas por el abogado Julio César Yepes y el diputado Luis Peláez, ISA optó por una defensa externa, contratando a una firma privada en lugar de su equipo jurídico interno.
La estrategia incluyó solicitudes de reserva sobre testimonios clave, bajo el argumento de proteger la estabilidad de la acción en bolsa. No obstante, el fallo del Consejo de Estado del 26 de febrero de 2025 fue contundente: anuló el nombramiento de Carrillo.
A pesar de ello, la junta intentó dilatar su cumplimiento. Inicialmente suspendió el contrato en lugar de terminarlo, lo que permitió que Carrillo continuara recibiendo beneficios mientras buscaba una aclaración de la sentencia que fue considerada innecesaria por el tribunal.
Finalmente, su salida se dio sin justa causa, generando una indemnización estimada entre $500 y $600 millones.
Una factura de $6.000 millones
El costo total del episodio para ISA se calcula entre $5.000 y $6.000 millones, distribuidos en varios frentes:
- Recursos invertidos en el proceso de selección que fue desechado
- Indemnizaciones a directivos removidos
- Honorarios a firmas jurídicas externas
- Pagos a miembros de junta por sesiones relacionadas con un nombramiento posteriormente declarado nulo
Este monto deberá ser explicado en la asamblea de accionistas convocada para el próximo 26 de marzo, donde se propondrá una acción social de responsabilidad contra los miembros de junta que aprobaron el nombramiento.
Riesgo de nuevas demandas
Si el accionista mayoritario, Ecopetrol, decide bloquear esta acción, los minoritarios podrían acudir a la justicia por abuso de las mayorías, argumentando afectaciones al patrimonio de fondos de pensiones y millones de inversionistas.
Además, ya se advierte la posibilidad de nuevas demandas frente a la propuesta de junta directiva para el próximo periodo, que incluye nombres cuestionados por su actuación en este episodio.
Efectos internos y decisiones recientes
Tras la salida de Carrillo, el presidente encargado, Gabriel Jaime Melguizo, inició ajustes inmediatos. Uno de los más relevantes fue la salida de Jonathan Villada, quien había llegado desde EPM sin experiencia en transmisión y estuvo vinculado a decisiones contractuales de alto riesgo.
Sin embargo, persisten funcionarios nombrados durante la administración anterior, lo que mantiene la preocupación sobre la politización de la empresa.
Golpes internacionales y freno a la expansión
La crisis no se limita al ámbito local. La filial ISA Interchile enfrenta una multa de US$14,4 millones por su responsabilidad en el apagón masivo de febrero de 2025 en Chile, que afectó a 19 millones de personas.
A esto se suma un revés estratégico: la Corte Constitucional frenó la intención del Gobierno de convertir a ISA en un actor de generación y comercialización de energía, restableciendo las restricciones legales vigentes.
Un futuro incierto
El fallo judicial ordena retomar el proceso de selección con los candidatos originales. Sin embargo, varios de ellos hoy ocupan altos cargos en otras compañías y no ven con claridad su llegada a una empresa golpeada institucionalmente.
La asamblea del 26 de marzo será determinante. Allí no solo se discutirá la responsabilidad por los hechos pasados, sino el rumbo de una empresa clave para la infraestructura energética de la región.
Lo ocurrido con Jorge Carrillo deja una lección de fondo: cuando la técnica cede ante la política, el costo no solo es institucional, sino también económico. Y, en este caso, la factura ya está sobre la mesa.
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