Fiscalía revela presuntos nexos políticos en millonario desfalco a regalías a través de Aremca

El nombre del senador electo Wadith Manzur, apareció en la investigación por el saqueo al Sistema General de regalías. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Durante la extensa audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra nueve personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción que habría permitido la apropiación irregular de más de 14.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías, la Fiscalía General de la Nación reveló supuestos vínculos entre dirigentes políticos y la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), organización que habría servido como vehículo para el direccionamiento de contratos y el desvío de recursos públicos.

La investigación, liderada por la Unidad Anticorrupción del ente acusador, sostiene que exrepresentantes legales y asesores jurídicos de Aremca facilitaron el pago de millonarias comisiones y el direccionamiento de contratos a favor de intereses políticos y particulares.

Según la Fiscalía, la estructura habría participado en la celebración de 101 contratos por un valor cercano a los 496.000 millones de pesos, destinados a obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria en varios departamentos del norte y oriente del país.

Uno de los nombres que más resonó durante la exposición del ente investigador fue el del senador conservador Wadith Manzur Imbett, actualmente privado de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“En referencia a Wadith Manzur, recientemente electo, participa de una particularidad (...) Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal de Aremca, se reúne con varios integrantes que hoy están ante su estrado judicial”, manifestó el fiscal del caso al exhibir fotografías de encuentros entre directivos de la asociación y el congresista.

De acuerdo con la Fiscalía, dichas imágenes evidenciarían no solo una finalidad económica en el direccionamiento de contratos, sino también un propósito de posicionamiento político y fortalecimiento electoral.

La investigación también se sustenta en la declaración de la excoordinadora de proyectos de Aremca, María Guadalupe Ortiz, considerada testigo clave dentro del proceso. Según su testimonio, desde la campaña electoral de 2018 directivos y funcionarios de la entidad participaron en actividades proselitistas a favor de Manzur, principalmente en los departamentos de Arauca y Casanare.

Ortiz aseguró ante la Fiscalía que teme por su seguridad y la de su familia debido al poder e influencia de las personas involucradas en el expediente judicial.

“Tienen mucho poder y pueden atentar contra mi vida o la de mi familia por estar diciendo la verdad”, señaló la exfuncionaria en su declaración.

La testigo afirmó además que Aremca operaba como una importante plataforma de apoyo político para el hoy senador, participando en recorridos electorales y actividades de promoción política mediante la distribución de camisetas y gorras de campaña.

Como parte del material probatorio, la Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas entre el ingeniero y supervisor de proyectos de Aremca, Luis Soto Caraballo, y el exrepresentante legal de la entidad, Gustavo Bolaño Pastrana, considerado por el ente acusador como una de las principales figuras dentro del presunto entramado de corrupción.

En una de las conversaciones, Soto expresó preocupación por el avance de las investigaciones y solicitó apoyo para ser vinculado a otra entidad estatal.

“Yo estoy cagado. Ubícame en otro lado, tantos programas, en la Unidad de Riesgo, que es de Wadith, algo, algo”, se escucha en uno de los audios revelados durante la audiencia.

Posteriormente, en otra conversación sostenida con la tesorera de Aremca, Dayana Ramos Guerrero, Soto reiteró su interés de ingresar a la UNGRD, entidad que, según la tesis de la Fiscalía, era considerada un fortín político del senador cordobés.

El ente investigador recordó que Manzur será acusado ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente ejercer presiones ante los ministerios de Hacienda y del Interior para direccionar contratos de la UNGRD en el departamento de Córdoba, con el objetivo de facilitar la aprobación de empréstitos internacionales cuando presidía la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023.

La Fiscalía también aseguró que los directivos de Aremca exhibían en redes sociales sus relaciones con dirigentes políticos, publicando fotografías y videos junto a senadores, representantes a la Cámara y candidatos respaldados por la organización.

Según el expediente, el apoyo político habría estado acompañado del presunto pago de recursos para conservar influencia sobre la distribución y administración de regalías en distintas regiones del país.

“Tenemos acreditado que Aremca participa en política y tiene representantes a la Cámara y senadores. Incluso, existe una llamada donde se habla de la entrega de dinero a un senador de la República”, sostuvo el fiscal del caso.

En el marco de esta investigación ya fue vinculada penalmente la exgobernadora encargada de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por su presunta participación en el direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por un valor cercano a los 91.542 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, dichos convenios fueron asignados a Aremca pese a no cumplir con los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos exigidos para administrar recursos públicos.

La Fiscalía anunció que en los próximos días serán vinculados otros exdirectivos de la asociación y dirigentes políticos de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Arauca, Caldas, Guaviare, Casanare, Magdalena y La Guajira.

Asimismo, las autoridades continúan buscando a Alfredo Ballestas Serrano, coordinador jurídico de la entidad y señalado como uno de los principales articuladores del presunto desfalco, quien actualmente permanece prófugo de la justicia.

Para el ente acusador, Ballestas habría actuado como intermediario en el direccionamiento de contratos y en la consolidación de relaciones políticas y sociales que permitieron beneficiar a la organización investigada.

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