La migración venezolana se convirtió en uno de los temas que más controversia provoca en la conversación sobre cómo está la sociedad en Colombia. El éxodo desde su tierra por motivos sociales, económicos y laborales hizo que familias con hijos pequeños terminaran pidiendo limosnas en esquinas y semáforos en Colombia.
Alejandra Botero Barco, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), dio a conocer a este medio más detalles sobre el Estatuto Temporal de Planeación (ETP), “una de las políticas emblemáticas del presidente Iván Duque para incorporar socioeconómica y organizadamente a la población venezolana”.
El ETP es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que busca establecer estrategias o soluciones para el 56% de los venezolanos que se encuentran en Colombia, quienes están en condición irregular, entendiendo que sus penurias también afectan el desarrollo del país.
El documento protege a los migrantes que han huido de Venezuela, quienes tendrán un plazo de 10 años para adquirir una visa de residentes. “Esta medida busca estimular el tránsito al régimen migratorio ordinario y disminuir las cifras de migración irregular actuales y futuras”, indicó el Gobierno.
“No se quiere que el ETP se quede en un documento plástico, sino que se convierta en la herramienta más importante para fomentar el emprendimiento y convertirse en motor de desarrollo sustentable”, señaló Botero, quien vivió por ocho años en Caracas (Venezuela), y fundó una entidad que apoyaba organizaciones sociales y emprendedoras.
La directora del DNP considera que el ETP caracteriza y visibiliza a la población, ya que el primer peldaño es el registro único de migrantes, donde a través de una encuesta se recoge información sobre sus registros biométricos, sus estudios y sus competencias laborales. “Luego nos toca a nosotros garantizar un verdadero acceso al empleo, al sistema de salud, a los programas sociales y a la educación de sus hijos”, precisó Botero.
“En paralelo estamos trabajando con Minsalud, Mineducación, Icbf y todas las entidades que tienen que ver con el tema, para optimizar el proceso y asignar presupuesto”, acotó la directora del Departamento Nacional de Planeación.
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