En una comunicación, con fecha 20 de abril y publicada
en la página web de la Corte Penal Internacional (CPI), el fiscal Karim Khan
solicita a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I —que llevan
el caso Venezuela I—
continuar con la investigación, con base en el Estatuto de Roma, debido a que
«Venezuela no adjunta ningún material de respaldo».
Ese material de respaldo que debía entregar la
administración de Nicolás Maduro se refiere al plazo que otorgó la misma
Fiscalía en enero de 2022, y que vencía el 16 de abril, para que se respondiera
por los avances en investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos
y que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
«En cambio, se refiere a los nueve informes que había
presentado previamente a la Fiscalía desde 2020 durante el examen preliminar de
la situación y posteriormente», dice el fiscal
británico sobre la respuesta del Gobierno, a través del canciller
Félix Plasencia.
Tras esta solicitud, la Sala de Cuestiones
Preliminares (SCP) solo tiene dos opciones: autorizar o no el seguimiento de la
investigación. El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, explica
que esta decisión puede tomarse en días, semanas o meses. «No hay un lapso establecido».
Uno de los escenarios que prevé Daniels es que la
administración de Nicolás Maduro dilate el proceso con solicitudes directas
ante la Sala. Esta cuestión ya había ocurrido con la antecesora del fiscal
Khan, la gambiana
Fatou Bensouda, cuando se introdujo una solicitud de control
judicial por supuesta parcialidad y poca cooperación entre las partes durante
la etapa de examen preliminar.
«Seguramente introducirán nuevos escritos ante la Sala complementando lo que entregaron al fiscal. Luego de eso le queda a la Sala decidir (…) Sería bastante sorprendente que no lo autorizaran, pues la Sala tendría que decir que en Venezuela sí se está haciendo justicia mientras el fiscal ha dicho exactamente lo contrario. Al final, en la Corte Penal, el peso de la Fiscalía es muy importante», aclara el director de Acceso a la Justicia.
En este punto coincide Mariano de Alba, experto en derecho internacional y consultor de Crisis Group. «Habrá que ver si en la tramitación de la incidencia las autoridades de Venezuela aportan mayor documentación que convenza a la Sala de Cuestiones Preliminares que se difiera la investigación. Pero en estas circunstancias, es más probable que la Sala autorice la continuación».
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