Historia del frente por el que se rompió parcialmente el cese al fuego con disidencias de las Farc.
Yeison Alexis Ojeda, alias Danilo Alvitzu, es el principal líder del frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central./
Cuando se escapan por primera vez, son castigados y obligados a cavar zanjas, hacer letrinas y a cargar leña, y si vuelven a escaparse los someten a un consejo de guerra, donde se decide si los ajustician”.
Este testimonio, dado por un desmovilizado a las Fuerzas Militares, muestra la realidad que viven los combatientes, muchos de ellos menores de edad reclutados a la fuerza, del frente ‘Carolina Ramírez’, el grupo ilegal parte de las disidencias de las Farc, que asesinó a cuatro niños indígenas en Putumayo (ese grupo asegura que fue a tres) y provocó la suspensión parcial del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Conjunto.
Este frente, que es comandado por alias Danilo Alvitzú, delinque en Putumayo, especialmente en el municipio de Puerto Guzmán y sobre el margen de los ríos Picudo, Caimán y Mecaya, en donde organiza extorsiones a comerciantes y otras violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la zona, especialmente niños y jóvenes.
Este grupo armado residual hace parte de las tres estructuras que conforman el Estado Mayor Central (EMC), junto con los frentes Teófilo Forero y Jorge Briceño, que operan en Putumayo y Caquetá. Se calcula que todo el grupo ilegal del EMC cuenta con aproximadamente 3.000 miembros.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, se han emitido 34 alertas tempranas desde el 2022 evidenciando riegos de reclutamiento en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico.
Ese reclutamiento, que estos grupos niegan como forzado, lo usan para engrosar sus filas y una vez estos menores hacen parte de la organización son sometidos a todo tipo de vejámenes. En el caso más grave, son presentados ante lo que ellos llaman Consejo de Guerra y eventualmente son asesinados, crímenes con los que amedrentan a quienes se encuentran en sus filas para evitar que deserten.
En el caso de los niños indígenas asesinados en Putumayo las comunidades denunciaron que su asesinato se produjo porque intentaron evitar el reclutamiento, mientras que el grupo armado ilegal, en el comunicado en el que se atribuyó el crimen, los acusó de ser infiltrados de las Fuerzas Militares.
Mientras las denuncias por las violaciones a los derechos humanos cometidos por estos grupos siguen creciendo así también sus estructuras. Se calcula que su accionar delictivo en departamentos como el Caquetá y Putumayo ha crecido entre un 15 y 35 % en los últimos años.
En especial, a través de la extorsión, a la que someten desde campesinos hasta funcionarios de empresas prestadoras de servicios que son citados a lugares remotos para establecer el monto que deben pagar a cambio de no ser víctimas de un atentado contra sus vidas.
Desde el pasado primero de enero hasta la fecha este grupo al margen de la ley Estado Mayor Central ha perpetrado 94 acciones delincuenciales, entre extorsiones, boleteos e intimidaciones a través de panfletos y citaciones a ganaderos y campesinos de la región.
Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá y Puerto Guzmán en el departamento de Putumayo son los municipios más afectados por estos hechos.
Ese grupo armado ilegal, lejos de admitir el crimen que había cometido, fue amenazar con multiplicar el conflicto.
Cuando se escapan por primera vez, son castigados y obligados a cavar zanjas, hacer letrinas y a cargar leña, y si vuelven a escaparse los someten a un consejo de guerra, donde se decide si los ajustician” Desmovilizado
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