Las CAR, un fortín político que no quiere perder Petro

El 5 de septiembre el Ministerio del Medio Ambiente expidió la normativa para la elección de al menos 27 de los 33 directores de las CAR.
En agosto de 2022 cuando Gustavo Petro llegó a liderar el llamado gobierno del cambio o mejor la izquierda en el poder, tenía claro que debía empezar a enfrentar a sectores con mucho poder, en especial los políticos tradicionales.
Esa clase política no sólo la está enfrentando en el Congreso de la República, en donde sus principales apuestas legislativas aún no se han concretado, pese a que llegó con unas mayorías que se consolidaron fruto de lo que alcanzó en marzo del año pasado cuando su coalición, el Pacto Histórico, fue el ganador en las elecciones para Congreso, la bancada más grande en el Senado y la segunda en la Cámara.
Sin embargo, las cosas han ido cambiando. La amplia aceptación popular con la que llegó Petro y su movimiento en 2022 y que le proyectaba como la fuerza política más fuerte para las elecciones regionales de octubre de 2023 empezó a caer y tan sólo a tres semanas de esos comicios las proyecciones electorales no son las mejores. Las encuestas no le dan el triunfo en las principales alcaldías y gobernaciones, como en Bogotá y Medellín o Antioquia y Valle.
¿Pero qué son las corporaciones autónomas regionales que tanto le interesan al presidente y sus amigos?
Son las que tienen a su cargo la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente.
Las corporaciones autónomas, que fueron creadas en 1963 y tuvieron su especial fortalecimiento en 1993, tienen de particular interés el monto de dinero que manejan anualmente, para el presente año entre las 33 manejaron un presupuesto superior a los $4 billones, siendo la que rige a Bogotá y Cundinamarca la que más presupuesto tiene, un poco más de $1.8 billones.
Es decir que las corporaciones autónomas regionales para el periodo 2024-2027 manejarán por lo menos $16 billones, en un cálculo modesto que puede ser mucho más superior. Es de ahí, el jugoso presupuesto, la cantidad de puestos que significan y el poder para autorizar o negar proyectos a los alcaldes y gobernadores, que estas corporaciones son consideradas un verdadero fortín político que lo tienen en su poder los grandes políticos.
El pasado 5 de septiembre el Ministerio de Medio Ambiente expidió la normatividad para que en octubre y no en noviembre de 2023 se dé la elección de al menos 27 de los 33 directores. En el cronograma se detalla que el dos de octubre arrancó el proceso de inscripción de los candidatos, el cual cerrará el lunes 9 y su elección será el 25, luego de que se surtan los procesos de verificación y reclamo a que tenga lugar el procedimiento.
Las primeras advertencias
Y sin que se haya cerrado la inscripción de candidatos para las diversas reacciones, ya se empezaron a prender las alarmas por algunos nombres de quienes se están postulando y de sus supuestos benefectores políticos. Por ejemplo, para la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca, CAR, se asegura que uno de los inscritos será un viejo conocido en esa entidad.
Se trata de su exdirector entre 2012 y 2015, Alfred Ballesteros, quien tiene cuestionamientos por el llamado volteó de tierras en Tenjo, lo cual le llevó a juicio por la Procuraduría General de la Nación, entre otras investigaciones que tiene.
Además se asegura que Ballesteros es la ficha que tiene el actual gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos y el candidato a sucederlo Jorge Emilio Rey, quien ya estuvo en ese cargo de 2016 a 2019, cuando también puso director de la CAR. Para este cargo se sabe que el presidente Petro tiene un candidato con el que se la jugará el todo por el todo.
Un caso similar se está dando en Corpourabá, la cual tiene jurisdicción para 19 municipios de Urabá, occidente y suroeste de Antioquia, el cual tiene un presupuesto anual de más de 300 mil millones de pesos. Allí se tiene que reemplazar a Vanessa Paredes, quien lleva 8 años en el cargo. Esta dirección se considera que es el fortín del expresidente del Senado y hoy candidato a la gobernación, Juan Diego Gómez.
Por ahora lo cierto es que esta es una verdadera puja electoral, de plata y poder que se dará el presidente Gustavo Petro para quitarle un fortín que tienen los partidos tradicionales durante hace muchos años.
Colprensa

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