Tras el derrumbe del edificio Space hace diez años, la herida sigue abierta y la sentencia final aún no ha sido pagada


Doce personas murieron, centenares resultaron heridas y se inició un capítulo difícil en Medellín con el derrumbe de la sexta torre del edificio. La Alcaldía fue culpada por el derrumbe, pero aún no se ha realizado el pago.



 

Eran las 8:17 p.m. el 12 de octubre de 2013, sábado. La ciudad vio el comienzo de un capítulo vergonzoso de su historia con estructuras de mala calidad que ni siquiera podían sostenerse por sí mismas mientras todo cambiaba en el espacio de un minuto, provocando la pérdida de vidas y la muerte de seres queridos para 12 familias. En consecuencia, la torre seis de la estructura Space construida por Lérida CDO en El Poblado colapsó abruptamente.

Tres trabajadores de la construcción, tres soldadores, dos ingenieros y un mecánico industrial que trabajaban para reparar la estructura irreparable se encontraban entre las muertes inmediatas por el colapso de los 84 apartamentos de la Torre Seis. También fallecieron un residente que acababa de aparcar su coche en la penúltima celda de la torre 5, en el borde de la etapa 6, que había sido evacuada el día anterior por un fallo de una columna, así como dos guardias.

Cuando el Dagrd ordenó el desalojo el viernes, Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero estructural titulado y consultor del CDO, dijo con absoluta certeza que en la estructura había ocurrido un hecho específico que no implicaba peligro de derrumbe ni riesgo para las personas. Dijo: "Ya revisé toda la estructura y no hay daños.

Los 12 fallecidos fueron Jaime Botero Botero, Juan Carlos Botero Botero, Andrés Ricardo Castañeda, James Andrés Arango Pulgarín, Wbeimar Contreras, Iván Darío González Álvarez, Diego Hernández Ceballos, Álvaro José Bolívar Cañola, Luis Alfonso Marín, Albeiro Antonio Alcaraz, Juan Esteban Cantor Molina y Jesús Adrián Colorado.

La falla de la torre fue atribuida, en diversos estudios patológicos utilizados como prueba en el proceso legal, a desviaciones de las especificaciones de diseño estructural, así como a deficiencias en el dimensionamiento y diseño de columnas, vigas y placas. De todos estos problemas fue responsable Lérida CDO, que construyó una estructura que era incapaz de sostener ni siquiera su propia estructura. Además, no hubo control sobre las licencias y ni la curaduría ni la Alcaldía atendieron las fallas evidentes en Espacio.

El Ministerio Público declaró en el juicio penal que en la construcción del Espacio se desconocieron 23 artículos de la misma norma, y ​​que el diseño incumplió 10.678 veces los estándares de resistencia sísmica. La primera estructura de la ciudad que estuvo vinculada a problemas de construcción intratables fue Space. Después de la caída de la torre 6, la etapa 5 fue destruida y, en 2014, las torres de la torre 1 quedaron reducidas a ruinas. Más tarde, nos acostumbramos a presenciar edificios derrumbándose en medio de tormentas de arena. 48 familias presenciaron el 14 de junio de 2018 cómo 50 kilogramos de indugel destruyeron los 19 pisos del edificio Bernavento en Loma de los Bernal. En 2010, un año después de la construcción, aparecieron por primera vez defectos importantes. Fue evacuado después de encontrar problemas que no se podían solucionar con la repotenciación dos años antes. En Itagü, El edificio Babilonia tuvo que ser derribado progresivamente entre mayo y septiembre de 2019. Según los estudios, no cumplía el 73% del diseño original. a las 4.

A pesar de 12 víctimas mortales y cientos de personas afectadas, sólo un pequeño número de procedimientos dieron lugar a condenas para Space. La acción que impidió el pago a los familiares de 11 de los 12 fallecidos continuó a raíz de que en el derrumbe falleció el vecino Juan Esteban Cantor.

El juicio oral, celebrado en 27 audiencias, finalizó en enero de 2018 con la sentencia de 51 meses para Pablo Villegas Mesa, gerente de Lérida CDO; 50 meses para Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero calculador; y 49 meses para María Cecilia Posada Grisales, directora del proyecto.

El caso llegó a la Corte Suprema, donde en agosto de 2019 se decidió que Villegas y Posada fueran liberados inmediatamente y que se desestimara el proceso penal en su contra para que los Cantantes pudieran recibir una indemnización. La defensa de Villegas y Posada había interpuesto un recurso extraordinario de casación.

En 2013 se abrió otro expediente tras la presentación de una demanda colectiva por parte de los afectados por Space que pedían una indemnización por sus daños. El Tribunal de Segunda Instancia Administrativo de Antioquia se pronunció sobre este asunto el 14 de septiembre de 2022.

La Primera Sala Oral condenó a Lérida CDO, a su gerente Pablo Villegas Mesa, a Álvaro Villegas Moreno, gerente interino de la empresa, y a Juan José Restrepo Posada y Emilio Restrepo Posada, miembros del directorio; al curador Carlos Alberto Ruiz Arango; y a la Alcaldía por su falta de vigilancia. Por sus respectivas prácticas también fueron declaradas culpables Axa Colpatria, la Previsora, Mapfre y Allianz.

Según la decisión del tribunal, quienes fueron condenados deberán pagar conjuntamente $30.891 millones a quienes sufrieron daños materiales y morales. Más de un año después, la decisión sigue pendiente. Tras el fallo de segunda instancia, los detenidos solicitaron aclaraciones sobre la solidaridad del Municipio y la contratación de seguros municipales en sus defensas, las cuales fueron tramitadas por el Consejo de Estado en un solo trámite. La decisión no estaba vigente desde el lunes pasado porque aún se estaban realizando nuevas solicitudes. Los afectados por Space todavía tienen la esperanza de que al menos esta sentencia se mantenga diez años después.

 ¿Qué pasó después de que se derogó la "ley antiespacial"?

La Ley 1796 se aprobó en 2016 para indemnizar los daños a la propiedad sufridos por los propietarios de edificios con problemas de construcción. Mediante el Decreto 1606 de 2022 se dividió la vigencia según territorio. Por ejemplo, en las áreas metropolitanas de Bogotá y Medellín, las regulaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2022, pero no comenzaron a implementarse hasta el 30 de junio de 2023. El resto de la nación deberá cumplirlo a partir del 30 de junio de 2024.

Foto tomada de Internet

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