Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, y exgerente de la campaña de Gustavo Petro presidente| Foto: Guillermo Torres
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta participación en financiación irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esta acción disciplinaria surge a raíz de las revelaciones hechas en agosto por Nicolás Petro Burgos, hijo del actual jefe de Estado, ante la Fiscalía General de la Nación.
La apertura de la investigación, fechada el 12 de diciembre, se produjo después de que Ricardo Roa compareciera ante la Procuraduría para ofrecer declaraciones relacionadas con las acusaciones en su contra. La Procuraduría busca esclarecer las circunstancias en las que Roa, quien anteriormente se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente, habría contribuido de manera irregular al financiamiento de dicha contienda electoral.
En una semana marcada por nuevas indagatorias, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reactivó las investigaciones sobre la campaña presidencial y citó a Euclides Torres, un influyente empresario del sector del transporte, por presunta financiación no reportada a la contienda de Petro. La decisión del CNE busca arrojar luz sobre las circunstancias que rodean la financiación de la campaña de la coalición del Pacto Histórico en sus dos vueltas presidenciales.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes también ha tomado medidas, ordenando una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal a la campaña política de 2022. Estas acciones derivan de las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, quien admitió que parte del dinero proveniente de dos narcotraficantes ingresó a la campaña Petro Presidente.
Este nuevo capítulo en la investigación destaca la complejidad del escenario político colombiano, con altos funcionarios y empresarios siendo objeto de indagaciones por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales. La sociedad espera respuestas y transparencia en medio de las crecientes tensiones políticas y las acusaciones de financiamiento ilícito.
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