El proceso de transición y las tensiones políticas desatan incertidumbre en el sistema judicial del país
La espera se prolongó, pero finalmente, la vicefiscal Martha Mancera asumió el cargo de fiscal general de Colombia, sumergiendo al país en un mar de expectativas y controversias. Desde su nombramiento el 8 de febrero, cuando la Corte Suprema de Justicia no pudo decidir entre las tres ternadas por el presidente Petro para reemplazar a Francisco Barbosa, Mancera ha estado en el centro de la atención.
Su ascenso no estuvo exento de críticas, especialmente por su decisión de designar como vicefiscal a Hernando Toro Parra, saltándose la línea jerárquica y dejando en el camino a Gabriel Ramón Jaimes, quien estaba destinado para el cargo. Esta movida también trajo consigo cambios en la Unidad Especial de Investigación, ahora liderada por Aníbal Arbeláez Betancourt.
Mientras tanto, la incertidumbre reina en la Fiscalía, con una interinidad que ha suscitado preocupaciones sobre la estabilidad del sistema judicial colombiano. Las recientes manifestaciones, especialmente las del 8 de febrero en Bogotá, reflejan el malestar en algunos sectores con la falta de una elección definitiva para el cargo de fiscal general.
El presidente Petro ha expresado sus reservas sobre el liderazgo de Mancera, destacando que lo más conveniente para el país sería evitar que asumiera el cargo de manera permanente. Estas tensiones no pasaron desapercibidas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha instado a la pronta elección del nuevo fiscal general para evitar debilitar el sistema de justicia.
Mientras tanto, la larga lista de fiscales encargados y las dudas jurídicas que rodean el proceso de selección plantean desafíos adicionales para la estabilidad y la institucionalidad democrática en Colombia. Con el reloj marcando el tiempo, el país espera una decisión definitiva que aclare el futuro de su sistema judicial.
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