En una región en donde la extorsión es uno de los delitos de alta incidencia para la inseguridad, nadie entiende cómo desde 2018 los inhibidores de señal que instaló el Inpec y que fueron contratados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, no están funcionando.
Aquí hay una responsabilidad que no puede ser evadida por las autoridades penitenciarias ni por el Ministerio de Justicia, a quienes les corresponde solucionar ese problema, que no es de poca monta, y en el que la vida de las personas está de por medio.
La justificación conocida por La Opinión y publicada en la nota titulada ‘Llamadas extorsivas que salen de la cárcel, sin control’, de que lo sucedido obedece a que la empresa que instaló los equipos les hizo mantenimiento al comienzo y después los olvidó quedando fuera de servicio.
Eso no puede ser posible que esté sucediendo en esta zona del país, donde en Cúcuta, según estadísticas de Fenalco, la extorsión creció en el 110% en el último año. Pero lo grave es que podría haber subregistro de casos. Extraoficialmente algunas autoridades hablan de haber conocido hasta 600 casos de ‘vacunas’ a comerciantes, ganaderos y empresarios, número que podría estar por debajo de la realidad.
Todos sabemos que detrás de las exigencias de determinadas sumas de dinero se esconden las amenazas de muerte contra las víctimas de este delito, a quienes también presionan atacándoles sus negocios, como ya se ha visto en varios municipios nortesantandereanos.
Frente a este nuevo pasaje, se abren muchos interrogantes. ¿Cómo es posible que desde el Gobierno no se haga nada para impedir las ‘agencias extorsivas’ desde la cárcel? ¿El Plan Libertad y Orden de la Alcaldía contempla alguna acción para este caso específico dentro de la Modelo?
La inversión en tecnología es un asunto de extrema urgencia frente a este caso en específico, para dotar de elementos más adecuados y que en últimas no afecten a la comunidad vecina del centro penitenciario, como sucedía cuando operaba el inhibidor del espectro electromagnético, contra el cual incluso se interpusieron varias tutelas.
Ojalá que al estar situado el penal en la ciudad que ocupa el puesto 43 dentro del listado de más violentas en el mundo, ayude a que lo planteado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, de un software que requiere el apoyo de las empresas de telefonía, sea puesto en operación aquí, para aislar las celdas de cualquier
Ojalá que al estar situado el penal en la ciudad que ocupa el puesto 43 dentro del listado de más violentas en el mundo, ayude a que lo planteado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, de un software que requiere el apoyo de las empresas de telefonía, sea puesto en operación aquí, para aislar las celdas de cualquier señal.
señal.
Pero eso debe ser sin tardanza porque la situación que atraviesa la ciudad no da espera. Si es necesario, la Alcaldía, Gobernación, el ministerio y el Instituto Nacional Penitenciario deberían hacer una bolsa de recursos para montar el nuevo programa.
A los delincuentes de esta naturaleza no se les puede dar ni un centímetro ni un segundo de ventaja, con el fin de que no continúen haciendo de las suyas desde la cárcel y dirigiendo a sus compinches en las calles.
Editorial La Opinión
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