En un periodo de poco más de tres meses del año 2024, la Corporación Concejo de Cúcuta ha suscitado un intenso debate al revelarse la firma de 58 contratos por un valor total de $638 millones de pesos. Esta información, derivada de los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II), comprende contratos realizados entre el 8 de febrero y el 11 de abril del presente año.
La mayoría de estos contratos tienen como objetivo la prestación de servicios profesionales, enfocados en apoyo a la gestión y asesorías jurídicas. Los montos de estos convenios oscilan entre $4.500.000 y $32 millones de pesos, siendo pagados de forma mensual a cada contratista. La duración de los mismos varía entre dos y seis meses, destacándose uno excepcional de ocho meses de duración.
Un ejemplo de estos acuerdos es el contrato bajo el proceso número CM-CD-036-2024, que implica la prestación de servicios legales para la Corporación Concejo Municipal de Cúcuta.
La escalada en el número y valor de estos contratos ha generado preocupación entre algunos miembros del Concejo y la comunidad en general. Jair Díaz, munícipe de la ciudad, ha expresado su inquietud por el alto presupuesto destinado a estas contrataciones, especialmente en un contexto de creciente criminalidad e inseguridad en la ciudad. Se cuestiona si estos fondos podrían ser mejor empleados en proyectos que aborden directamente las necesidades de la ciudadanía.
Comparando con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento significativo tanto en el número de contratos como en el monto total destinado a estos. En los primeros tres meses del 2023, se realizaron 47 contratos por un total de $517.330.000 pesos, lo que representa un aumento de más de $120 millones de pesos en el gasto.
Además, algunos concejales han manifestado su sorpresa al descubrir que muchas de las personas contratadas no han hecho presencia en las instalaciones del Concejo. Para Alonso Torres, esta situación es "lamentable", ya que contrasta con la falta de evidencia de la labor realizada por estos contratistas.
Ante esta situación, se ha planteado la necesidad de una revisión detallada de los contratos y de los servicios prestados. El concejal Torres ha solicitado un informe detallado al presidente de la corporación, cuestionando el propósito y la efectividad de estas contrataciones.
En cuanto a la actividad legislativa, se ha señalado una falta de proyectos estratégicos y de impacto para la ciudadanía. Aunque se han aprobado algunos proyectos, como la conmemoración del día del Santo Rosario en respuesta a la inseguridad en la ciudad, se critica la ausencia de iniciativas que aborden de manera más directa los problemas de la comunidad.
La controversia continúa, y se espera que las autoridades competentes examinen detenidamente estos contratos y su pertinencia en el contexto actual de Cúcuta.
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