La unidad investigativa del CTI solicitó al alcalde información relacionada con la resolución emitida por el exsecretario de Hacienda del municipio, Orlando Miranda, la cual condujo a la prescripción de unos 5.000 millones de pesos en pagos de impuestos prediales. Este requerimiento tiene como objetivo determinar si se agotaron todos los procesos y procedimientos legales necesarios para el cobro persuasivo y coactivo, durante el periodo de cinco años que la ley establece para estos procedimientos.
Según la SAC del CTI, durante el periodo en que Miranda ejerció como Secretario de Hacienda, no se advirtió la posible prescripción de los términos de cinco años, lo que permitió que estos recursos públicos fueran prescritos. Se señala además que Miranda contaba con mecanismos alternativos para ejercer los procesos de cobro persuasivo y coactivo, pero en lugar de ello, optó por decretar prescripciones masivas de casi ocho mil predios pertenecientes a Sodeva.
La investigación también busca determinar si se siguieron los trámites internos de búsqueda en el archivo central físico y digital para revisar si hubo mandamientos de pago notificados a Sodeva. Victoria Valencia, exsecretaria de Hacienda, confirmó que contra Sodeva existían varios mandamientos de pago relacionados con el cobro de impuesto predial.
Los predios a los que se les borró la acción de pago corresponden a las vigencias de cinco años (2012, 2013, 2014, 2015, 2016). La investigación de la Fiscalía intentará esclarecer si se cumplió con la trazabilidad e historial del contribuyente predio por predio y si hubo alguna irregularidad en el proceso.
Este caso pone en el ojo del huracán a la administración municipal y plantea serios cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos. Con la apertura de la noticia criminal, se espera que la investigación aclare las responsabilidades y posibles faltas cometidas en el proceso de prescripción del impuesto predial.
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