Desde los primeros días, la instalación de reductores de velocidad en la zona provocó un caos de movilidad, desencadenando las primeras críticas por parte de la comunidad. Sin embargo, la situación se agravó cuando la Fiscalía General de la Nación inició formalmente una investigación penal por el delito de Peculado por Aplicación Oficial Diferente en la celebración del contrato de estas obras. Según el artículo 399 del Código Penal Colombiano, este delito puede castigarse con prisión de uno a tres años, una multa de diez a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.
La investigación, que actualmente reposa en el despacho de la Fiscalía tercera seccional de la Unidad de Administración Pública, busca esclarecer el uso indebido de recursos que inicialmente no estaban destinados ni aprobados para estas obras. En 2023, se revelaron denuncias señalando que la alcaldía habría utilizado fondos de la contribución de valorización para adelantar obras no incluidas en el plan aprobado por el Concejo dentro del acuerdo 003 de 2017. Específicamente, los recursos estaban destinados para otros proyectos como la intersección de la Avenida Cero con Diagonal Santander, la intersección de la Diagonal Santander con Avenida Gran Colombia y el proyecto del canal Bogotá.
En marzo del presente año, la Contraloría trasladó el caso a la Fiscalía, destacando en un comunicado que la anterior administración municipal desvió los recursos sin contar con autorización previa del Concejo Municipal y sin estudios de factibilidad que avalaran técnica y presupuestalmente este cambio de destinación. Esta decisión dejó sin recursos la ejecución de los proyectos avalados por el plan de obras de valorización mencionado en el acuerdo 003 de 2017, para priorizar la remodelación de El Malecón.
El costo total del proyecto de El Malecón asciende a 8.669.931.912 de pesos, con una interventoría que costó 684.207.308 pesos. Desde la adjudicación del contrato, las polémicas no han cesado. En la fase de licitación, 10 oferentes pasaron a la última etapa del proceso, donde se eligió al ganador. Sin embargo, surgieron denuncias de que el contratista seleccionado no contaba con el Registro Único de Proponentes actualizado en el momento del proceso, un hecho que también está bajo la lupa de la Fiscalía.
Las controversias continuaron con los retrasos en la entrega del proyecto. Según el cronograma, los trabajos debían concluir a más tardar el 31 de diciembre de 2023, pero las demoras han sido otra piedra en el zapato para la administración municipal.
El desarrollo de El Malecón, que prometía ser un símbolo de progreso y renovación, se ha convertido en un caso emblemático de cuestionamientos sobre la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos. Con la investigación penal en curso, la comunidad está atenta a los avances y las posibles consecuencias legales que puedan derivarse de este controvertido proyecto.
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