Olmedo López. Foto cortesia
En octubre de 2023, Luis Eduardo López Rosero obtuvo un contrato millonario para proveer carrotanques a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) por más de 46.000 millones de pesos. Sin embargo, lo que parecía ser un negocio legítimo se ha visto empañado por las acusaciones de corrupción que han surgido desde entonces.
Según las declaraciones de López Rosero ante la Fiscalía, una parte significativa del dinero del contrato se destinó al pago de sobornos a importantes figuras políticas. Se alega que, bajo instrucciones de sus superiores, entregó grandes sumas de dinero a diversos líderes políticos, incluyendo a la exconsejera Sandra Ortiz y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
El modus operandi, según López Rosero, implicaba la compra de carrotanques a un precio inflado y luego facturados a la UNGRD por el doble del valor real. Este sobrecosto serviría para financiar los sobornos a los políticos implicados.
No obstante, las revelaciones no se detienen ahí. López Rosero afirma haber entregado personalmente 7.200 millones de pesos en efectivo a un intermediario identificado como Pinilla en enero de este año. Esta suma, que representaba el 16% del soborno total solicitado, se destinaba también al cohecho de políticos con el fin de asegurar contratos y proyectos gubernamentales.
Estas acusaciones no solo implican a López Rosero y a Pinilla, sino que sugieren una red de corrupción mucho más amplia que involucra a altos funcionarios del gobierno. Según las declaraciones de López Rosero, Carlos Ramón González, actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, estarían entre los responsables de coordinar estos pagos ilícitos. En total se mencionó un valor de 11.200 millones de pesos en sobornos coordinados. Sin embargo, según las últimas declaraciones de Luis Eduardo López Rosero, el total coordinado de sobornos asciende a 380.000 millones de pesos. En una entrevista reciente con Noticias RCN, López Rosero afirmó que los contratos corruptos podrían ascender a la escalofriante cifra de 380.000 millones de pesos, lo que indica la magnitud del escándalo y la urgente necesidad de una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a todos los involucrados.
Estas revelaciones ponen de manifiesto la fragilidad de los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública en Colombia, así como la necesidad de implementar medidas más rigurosas para prevenir y castigar la corrupción en todas sus formas.
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