La Corte Constitucional de Colombia está llevando a cabo una audiencia pública para analizar el controvertido tema del monopolio de los licores, un debate que se reavivó tras la medida cautelar impuesta en diciembre pasado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). La medida ordenaba el retiro del mercado del Aguardiente Real amarillo por su similitud con el Aguardiente Amarillo de Manzanares, producido por la Industria Licorera de Caldas (ILC).
El eje central de la audiencia se enfoca en dos demandas de inconstitucionalidad que cuestionan los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, norma que faculta a los departamentos para ejercer el monopolio de licores. Los demandantes argumentan que esta regulación vulnera la libre competencia y restringe la libertad de elección de los consumidores, además de desconocer el carácter rentístico de los monopolios, que debería ser utilizado principalmente para financiar servicios públicos.
Libre competencia vs. monopolio departamental
Pablo Felipe Robledo, uno de los demandantes y exsuperintendente de Industria y Comercio, criticó las limitaciones impuestas por los gobiernos departamentales que favorecen a las licoreras locales. Según Robledo, estas restricciones han afectado gravemente el mercado. Indicó que entre 2016 y 2023, las ventas de aguardiente cayeron un 21% en los departamentos donde se implementaron salvaguardias para proteger a las fábricas locales, mientras que en aquellos que permiten la libre competencia, los ingresos han aumentado un 35%.
“¿Cómo es posible que en Antioquia no pueda consumirse el aguardiente Cristal o el Aguardiente Amarillo de Manzanares, y otros tantos, y que solo pueda consumirse Néctar por unos años más y el aguardiente Antioqueño de por vida?”, cuestionó Robledo durante la audiencia, destacando que la situación también ocurre en otros departamentos como Bogotá y Cundinamarca, donde el aguardiente de Caldas tiene restricciones.
Robledo argumenta que estos monopolios violan la libre competencia, impiden el acceso a una mayor variedad de productos para los consumidores y no son efectivos en términos económicos para las regiones. Además, subrayó que en los territorios con apertura de mercado, la competencia entre productores ha demostrado ser más beneficiosa tanto para las rentas departamentales como para los consumidores.
La defensa del monopolio y los ingresos para la salud
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también intervino en la audiencia, aunque aclaró que su cartera no tiene injerencia directa en los ingresos que reciben los municipios a través del monopolio de licores. Sin embargo, reconoció que parte de los recursos generados por este monopolio se destinan a financiar la salud, lo cual consideró problemático: “Desafortunadamente, la salud se financia con el vicio. Esto no debería suceder en Colombia ni en ninguna parte del mundo, pero es la realidad que enfrentamos hoy”, señaló.
Bonilla explicó que, aunque la salud en Colombia no depende exclusivamente de los ingresos provenientes del monopolio de licores, una porción significativa de estos recursos se destina a este sector. Esto plantea un dilema sobre la ética y la sostenibilidad de financiar servicios esenciales con ingresos derivados del consumo de alcohol.
El impacto del fallo en el mercado de licores
El resultado de esta audiencia es crucial para el futuro del monopolio de licores en Colombia. De prosperar las demandas, el mercado podría abrirse a una mayor competencia, permitiendo que más marcas de aguardiente y otros licores circulen libremente en los departamentos, lo que modificaría la dinámica actual del consumo y las finanzas regionales.
La audiencia también genera expectativas sobre el impacto que una posible modificación en la regulación tendría en las fábricas locales de licores, que hasta ahora han sido protegidas por las leyes vigentes, y en los recursos destinados a la financiación de servicios públicos esenciales como la salud.
La Corte Constitucional deberá tomar una decisión que equilibre los intereses de los consumidores, las licoreras locales, y los departamentos, mientras se analiza la viabilidad y equidad de mantener un monopolio que ha sido criticado por su impacto en la libre competencia y la generación de ingresos departamentales.
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