A seis meses de que termine el mandato del presidente Gustavo Petro, su círculo más cercano atraviesa uno de los momentos más complejos en materia judicial. Más de 68 ministros han pasado por el Gobierno desde agosto de 2022, y al menos diez funcionarios y exfuncionarios de su entera confianza hoy enfrentan imputaciones, indagaciones o señalamientos formales ante distintas instancias judiciales y de control.
Juliana Guerrero, Ricardo Roa, Jaime Ramírez Cobo, Laura Sarabia, Guillermo Alfonso Jaramillo, Olmedo López, Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Armando Benedetti integran esa lista. En distintos frentes, la Fiscalía, la Corte Suprema, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional han abierto procesos que mantienen bajo presión al corazón político del Ejecutivo.
Juliana Guerrero: imputación por títulos irregulares
Uno de los casos más recientes es el de Juliana Guerrero, quien intentó llegar al Viceministerio de Juventudes y será imputada el próximo 27 de febrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía investiga los trámites mediante los cuales habría obtenido los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable en la Fundación Universitaria San José, presuntamente sin cumplir con requisitos académicos como asistencia a clases y presentación de pruebas Saber Pro. Según la indagación, los diplomas habrían sido adquiridos por poco más de ocho millones de pesos, mediante pagos directos a la institución.
Cuatro meses después de que la congresista Jennifer Pedraza radicara la denuncia contra Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez —exsecretario de la misma universidad—, el ente acusador citó a ambos a imputación de cargos. Pese al proceso en curso, Guerrero continúa como delegada del Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC).
Ricardo Roa: de gerente de campaña a presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña del Pacto Histórico, será llevado ante un juez el próximo 11 de marzo por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía busca establecer si habría utilizado su cercanía con círculos de poder para obtener beneficios indebidos en la compra de un apartamento de alto valor en Bogotá.
En paralelo, Roa enfrenta el coletazo de la investigación del CNE sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022. En noviembre del año pasado, ese tribunal sancionó a Roa, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Lucy Soto con multas por 5.922 millones de pesos, tras concluir que la campaña “Petro Presidente” violó los topes por más de 3.042 millones entre primera y segunda vuelta.
Ese fallo administrativo derivó en una compulsa de copias a la Fiscalía, que ahora anunció imputación por el delito de violación de topes de campaña, aunque la fecha aún no ha sido definida. El ente acusador también investiga si la compra del inmueble estaría relacionada con una presunta retribución a Juan Guillermo Mancera, quien posteriormente obtuvo contratos con Ecopetrol.
El expediente UNGRD: Ramírez Cobo, López y González
El escándalo por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), particularmente por la compra de 40 carrotanques en La Guajira y otros contratos de atención de desastres, salpica a varios integrantes del entorno presidencial.
Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre y cercano a Laura Sarabia, está bajo indagación judicial. Su nombre aparece de manera reiterada en el expediente que investiga el presunto saqueo a la entidad.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ya fue procesado y capturado por este escándalo. Estuvo al frente de la entidad desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, cuando renunció tras los señalamientos. En declaraciones públicas, aseguró que su seguridad está en riesgo luego de que el presidente lo calificara como “traidor de la izquierda”, afirmación que, según él, constituye una estigmatización.
En este mismo entramado figura Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y considerado una de las manos derechas del presidente. La Fiscalía radicó escrito de acusación en su contra por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Actualmente se encuentra en Nicaragua, donde habría recibido asilo político. El 29 de enero fue señalado formalmente como uno de los presuntos cerebros del desfalco a la UNGRD.
Sarabia y Jaramillo, bajo escrutinio
Laura Sarabia ha enfrentado varios frentes judiciales. Primero, por el caso relacionado con su exniñera Marelbys Meza y las actuaciones de seguridad del Estado tras un robo en su residencia. Además, es objeto de una indagación patrimonial en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema y su nombre ha sido mencionado en un presunto favorecimiento en la designación de interventores de la salud, a través de hojas de vida que habrían circulado por conducto de Jaime Ramírez Cobo, cercano a ella.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta actuaciones derivadas de la compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema para que se investiguen presuntas irregularidades relacionadas con la campaña presidencial de 2022. También ha sido objeto de un incidente de desacato abierto por la Corte Constitucional en materia de cumplimiento de órdenes relacionadas con el sistema de salud.
Bonilla, Velasco y Benedetti
Los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) también han sido mencionados en el marco de las investigaciones por el entramado de corrupción en la UNGRD y en Invías, procesos que podrían derivar en decisiones de fondo por parte de la justicia.
En cuanto a Armando Benedetti, uno de los aliados políticos más cercanos al presidente, enfrenta varios procesos abiertos. Ha sido investigado por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito en una causa que adelanta la magistrada Cristina Lombana, quien ordenó el año pasado un allanamiento a su vivienda en Barranquilla.
Además, en 2024 su pareja denunció un presunto caso de violencia intrafamiliar, y Laura Sarabia también lo señaló por presunta violencia de género y agresiones. Ambos procesos siguen abiertos. Benedetti también ha señalado que su inclusión en la llamada Lista Clinton le ha generado afectaciones que sus abogados intentan revertir.
Un cierre de mandato bajo presión
A medio año del fin del Gobierno, el presidente Petro enfrenta un escenario en el que buena parte de su círculo más cercano está bajo escrutinio judicial. Aunque en varios casos aún no existen condenas y los implicados mantienen la presunción de inocencia, la acumulación de procesos y escándalos marca el tramo final de la administración con una fuerte carga política y jurídica.
La justicia avanza en distintas direcciones, mientras el país observa cómo los expedientes que tocan al entorno presidencial podrían redefinir el cierre del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia.
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