La violencia recrudecida en el Catatumbo, Norte de Santander, ha sumido a esta subregión en una grave crisis humanitaria. Enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han generado un ambiente de terror en los corregimientos de San Pedro y El Aserrío, en Teorama, así como en zonas rurales de Tibú y El Tarra.
Los combates, impulsados por la reactivación de la compra de hoja de coca y el resurgimiento de dinámicas del narcotráfico, han derivado en ataques a la Fuerza Pública, cobrando la vida de varios uniformados a finales de 2024. Entre las víctimas figura el subteniente Anderson Gómez, comandante de Policía de San Calixto, asesinado en octubre. Además, civiles han sido blanco de la violencia, incluyendo el caso de una persona obligada a salir de su vivienda en el corregimiento de San Pablo antes de ser ejecutada.
El presidente Gustavo Petro calificó la situación como una tragedia humanitaria. A través de un trino, condenó la violencia: “Han ensangrentado el Catatumbo”. En un comunicado, las Madres del Catatumbo imploraron a los grupos armados poner fin a la guerra: “El camino es el diálogo, no las balas”.
Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, denunció el asesinato de cinco firmantes de paz en la región y señaló: “Es un genocidio en curso”. Asimismo, Iván Cepeda, senador y negociador en la mesa de diálogos con el ELN, expresó su rechazo a la violencia y pidió respeto por la población civil y los firmantes de paz: “Es un golpe frontal a la búsqueda de soluciones dialogadas a la confrontación armada”.
La delegación del Gobierno en las negociaciones con el ELN exigió el cese inmediato de los enfrentamientos. Camilo González, coordinador del equipo negociador, calificó la escalada violenta como una “ofensiva coordinada del ELN” y aseguró que esta forma parte de una estrategia geoestratégica para controlar economías ilegales y el territorio fronterizo.
La imposibilidad de las autoridades de ingresar a las zonas afectadas debido al alto riesgo de seguridad agrava la crisis, dejando a las comunidades en medio del fuego cruzado y sin acceso a protección ni ayuda humanitaria.
La situación en el Catatumbo subraya la fragilidad de los procesos de paz y la necesidad de soluciones urgentes que detengan el derramamiento de sangre, protejan a la población civil y ofrezcan alternativas al narcotráfico que perpetúa el conflicto armado en la región.
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