Por primera vez en la historia judicial del país, el principal río de Colombia es acreditado como víctima directa de crímenes del conflicto armado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó este viernes al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos en el marco del conflicto armado colombiano, atendiendo una solicitud presentada por organizaciones sociales como la Unión Sindical Obrera (USO) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
Esta decisión histórica se sustenta en las múltiples afectaciones sufridas por el río a lo largo de décadas de guerra, incluyendo la desaparición forzada de personas cuyos cuerpos fueron arrojados a sus aguas, la contaminación con hidrocarburos por atentados a infraestructura petrolera, y las fumigaciones con glifosato, entre otros daños.
Según las organizaciones peticionarias, el río ha sido también víctima de modificaciones en su cauce, vertimientos tóxicos provenientes de la minería ilegal de oro y carbón, y la ruptura del tejido social de las comunidades ribereñas, que vivieron de cerca los horrores del conflicto armado en regiones como el Magdalena Medio.
La JEP, en su comunicado oficial, señaló que la decisión se enmarca dentro de las investigaciones del Subcaso Magdalena Medio, que indaga sobre crímenes perpetrados por miembros de la fuerza pública en asocio con paramilitares, otros agentes estatales y terceros civiles. En este proceso, el río se reconoce no solo como un espacio geográfico afectado, sino como sujeto de derechos, y por tanto, merecedor de protección, restauración y garantías de no repetición.
Las comunidades ribereñas, especialmente las del Magdalena Medio, han testificado ante la Jurisdicción cómo los grupos armados utilizaron el río como un método sistemático para desaparecer personas, convirtiéndolo en un símbolo silencioso del terror y la impunidad que marcó esta región.
Este reconocimiento sigue la línea de una decisión anterior tomada por la JEP en julio de 2023, cuando el río Cauca fue declarado víctima del conflicto por haber sido también escenario de múltiples desapariciones forzadas. Con esta nueva acreditación, el sistema judicial transicional colombiano da un paso hacia una justicia ambiental y ecológica, reconociendo el valor simbólico, cultural y vital de los ríos como seres vivos y víctimas del conflicto.
La decisión abre la puerta a medidas restaurativas no solo para las comunidades, sino también para el propio río, cuya historia está profundamente entrelazada con la de los pueblos que habitan sus orillas.
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