El alto tribunal negó el recurso de la defensa y ratificó la medida de aseguramiento en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; el exfuncionario permanece prófugo y asilado en Nicaragua.
La decisión ratifica el fallo de tutela que confirmó la imposición de medida de aseguramiento en su contra, dentro del proceso en el que es señalado como el presunto cerebro del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, considerado el mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro.
En su pronunciamiento, el alto tribunal sostuvo que “el auto por medio del cual la Sala Penal del Tribunal de Bogotá confirmó la imposición de medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González Merchán no luce irracional, ni mucho menos desconectado de la ley, el decurso procesal, los elementos de convicción y las postulaciones de las partes”.
La tutela interpuesta por la defensa alegaba una supuesta vulneración al debido proceso, al considerar que el Tribunal de Bogotá —que ordenó su captura— habría desbordado sus facultades al imponer la medida de aseguramiento “con el nivel de certeza propio de una sentencia condenatoria”, pese a que el proceso se encuentra en una etapa previa.
No obstante, la Sala Penal de la Corte falló a favor del Tribunal al concluir que actuó dentro del marco de su competencia y sustentó su decisión en una valoración razonable del material probatorio disponible en esta fase procesal.
Posteriormente, la defensa presentó un nuevo recurso contra esa determinación, argumentando presuntas fallas adicionales. Según el escrito, el juez de tutela incurrió en una “confusión del estándar probatorio”, al desviar la discusión hacia los requisitos para una eventual condena, cuando el debate debía centrarse en la suficiencia de los elementos de convicción para restringir la libertad en la etapa correspondiente.
Sobre estos nuevos alegatos se pronunció la Sala Civil de la Corte Suprema, que validó la decisión de negar la tutela con la que González pretendía tumbar la orden de captura. La Sala de Casación Penal, indicó el fallo, valoró como reflexiva la conclusión del Tribunal en cuanto a que subsistían los fines constitucionales de la medida, particularmente el riesgo de no comparecencia y el peligro para la comunidad.
Estos riesgos, señaló la Sala Civil, se derivan de la gravedad de los hechos investigados, la red de contactos construida por el procesado en cargos de alta jerarquía y su salida temprana del país, circunstancias que fueron razonablemente valoradas.
En paralelo, continúan las audiencias ante la Sala de Primera Instancia, donde la Fiscalía presentó formalmente la acusación en su contra. Además de detallar los hechos que sustentarían los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, el ente acusador señaló circunstancias que, a su juicio, ameritan un mayor reproche punitivo, como su condición de “mano derecha del Presidente”, su posición económica y el poder político acumulado durante más de dos décadas.
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