Las instalaciones fraudulentas de servicios públicos no son un “atajo”, son un riesgo

Conectarse ilegalmente a energía, agua o gas puede causar incendios, explosiones y consecuencias penales

Las conexiones fraudulentas a los servicios públicos siguen representando un grave riesgo para la seguridad de las familias y las comunidades. Aunque algunas personas las ven como un “atajo” para evitar pagos, la realidad es que estas prácticas pueden desencadenar accidentes graves, incendios, daños estructurales en viviendas e incluso poner en peligro vidas humanas.

Las instalaciones ilegales de energía, agua o gas suelen realizarse sin cumplir normas técnicas, lo que aumenta la probabilidad de cortocircuitos, fugas de gas, explosiones y sobrecargas en las redes. Además, afectan la estabilidad del servicio para los vecinos del sector, generando interrupciones, fluctuaciones y daños en electrodomésticos.

Un delito con consecuencias legales

En Colombia, la defraudación de fluidos es un delito que puede acarrear sanciones penales y económicas. Más allá de las multas o procesos judiciales, el impacto social es alto: las pérdidas derivadas del fraude terminan afectando a todos los usuarios, ya que encarecen la operación y el mantenimiento de las redes.

Conectarse ilegalmente no solo pone en riesgo a quien realiza la instalación, sino también a su familia, a los técnicos que deben intervenir en emergencias y a toda la comunidad.

Un llamado a la legalidad y la prevención

Desde Empresas Públicas de Medellín (EPM) se reitera el compromiso con la prestación de un servicio seguro, legal y de calidad. La entidad insiste en que cuidar los servicios públicos es cuidar la vida, la seguridad y el bienestar de todos.

La invitación es clara: evitar conexiones ilegales y denunciar cualquier irregularidad. La prevención y la legalidad son la mejor forma de proteger los hogares y fortalecer el servicio para toda la comunidad.

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