En Colombia hay 34 partidos y el número podría crecer con miras a las elecciones de octubre, porque todos quieren uno.
Se acercan las elecciones de octubre y con ella una cascada de partidos políticos FOTO: Colprensa
Las elecciones regionales de octubre próximo estarán marcadas por un fantasma que pareció atajar la reforma política de 2003: una desbordada proliferación de partidos políticos. Actualmente, son 34 las organizaciones con personería jurídica, más del doble de las que había en los comicios de 2019, cuando había 16 partidos.
Y si bien podría pensarse que tal número de movimientos es una muestra de variedad política y representación, lo cierto es que la bonanza no solo afecta el sistema democrático, también afecta el bolsillo.
Solo el año pasado, según registros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a los que accedió EL COLOMBIANO, a los 25 partidos reconocidos hasta entonces con personería jurídica –es decir, con licencia para conceder avales– les fueron entregados recursos por más de $65.814 millones solo para su funcionamiento, más $189.264 millones por reposición de votos tras los resultados en las elecciones a Congreso y Presidencia.
Haciendo cuentas alegres, entre ambos rubros el Estado tuvo que pagarles a estas 25 organizaciones más de un cuarto de billón de pesos ($255.078 millones). ¿Cuánto pueden costar entonces 34 partidos y contando? Lo anterior, sin tener en cuenta otro boom que sigue acentuándose a medida que se acercan las elecciones: el aumento desbordado de grupos dedicados a recoger firmas para avalar candidaturas, van 1.199.
En este contexto hay que repasar cómo funciona la financiación estatal de partidos en Colombia. De acuerdo con Sandra Martínez, directora programática de la organización Transparencia por Colombia, la Ley 1475 establece que el Estado les reconoce a los movimientos con personería jurídica diferentes rubros en función de sus votos y curules obtenidas en diferentes corporaciones (como Congreso, asambleas y concejos), así como por el número de mujeres y jóvenes elegidos.
Con base en cálculos que le presenta cada año al Ministerio de Hacienda, el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE presupuesta lo que costará el funcionamiento de esos partidos y solo para este año destinó una partida de $90.080 millones, que se distribuyen entre todos los partidos. En 2022, por este concepto, los movimientos que más recibieron plata fueron los liberales ($9.422 millones), conservadores ($8.147 millones) y Cambio Radical ($7.727 millones).
Esa plata, agrega Martínez, no tiene una libre destinación –es decir, no se puede gastar según el parecer de las directivas–, sino que debe ser usada para sostener el funcionamiento de sus estructuras alrededor del país; para la inclusión de jóvenes, mujeres y minorías; para promover centros de investigación; para cursos de formación; o para divulgar sus programas y propuestas, entre otras.
Otro es el dinero que se recibe por reposición de votos. En el caso de los candidatos a la Presidencia, gobernaciones y alcaldías, para que puedan acceder a reposición deben obtener una votación igual o superior al 4% de los votos válidos. Por otro lado, para Congreso, asambleas y concejos tienen ese derecho siempre y cuando la lista presentada por el partido supere el 50 % del umbral determinado. Por ejemplo, para las elecciones legislativas el umbral fue de 509.709 votos.
En materia de funcionamiento son evidentes los líos en las billeteras de los partidos ante el número creciente de movimientos, pues será menor la plata que le corresponderá a cada uno del presupuesto: “Ante la multiplicación de partidos que estamos teniendo, seguramente tiene que haber una revisión y una discusión interna en el CNE frente a cuánto dinero tendrá que destinar en esa bolsa y cómo asegurar la distribución”, asegura la directora programática de Transparencia por Colombia.
En ello coincide la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien advierte que “a más partidos, menos plata”. Lo anterior, podría dar pie a que los candidatos, dadas las restricciones y recortes en materia de recursos estatales, recurran más a la financiación privada y, por ahí derecho, violen los topes establecidos y hasta incurran en “dineros calientes”.
“Uno de los mejores secretos es cuánto se gastan efectivamente los candidatos en campaña. Normalmente no se da la información completa y tenemos el problema de la falta de vigilancia. Hacerle seguimiento real a lo que se gasta es muy difícil”, señala.
¿Hora de reformas?
Otra es la preocupación de Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, a quien el CNE le devolvió personería jurídica en 2021 tras un litigio judicial que concluyó que, a raíz de hechos de violencia que terminaron en el asesinato de varias de sus figuras –entre ellas Luis Carlos Galán o Rodrigo Lara–, su desarrollo político y electoral quedó en veremos. Dicho sea de paso, con base en ese proceso es que otros partidos –como Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt, o Salvación Nacional, de Enrique Gómez–, han recobrado su personería jurídica.
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Para Galán, hay un desequilibrio entre lo que el CNE le reconoce a partidos como el Nuevo Liberalismo por funcionamiento, frente a lo que destina para el partido Comunes (nacido del Acuerdo de Paz con las Farc). Mientras que al movimiento de los Galán la autoridad electoral le giró $357 millones en 2022, al partido nacido del Acuerdo de Paz con las Farc le correspondieron $5.239 millones. ¿Por qué?
En el caso de Comunes no aplican las reglas de distribución de recursos según votos o curules, sino que en el marco de su proceso de reincorporación se estableció que reciben anualmente para su funcionamiento una suma equivalente al promedio de lo que reciben durante cada año los partidos. En este caso, $5.239 millones. A este rubro se suma un 7 % de lo que presupuesta cada año el CNE para funcionamiento de los partidos destinado a que Comunes pueda promover su centro de pensamiento.
“Está muy bien que al partido de las Farc, a la luz del Acuerdo de Paz, le asignen esos recursos. Pero hay una diferencia abismal frente a lo que reciben otros partidos como nosotros, aun cuando nunca recurrimos a las armas y sacamos muchísimos más votos que ellos. Eso es una muestra de que no tenemos garantías para nuestro resurgir ni para competir en democracia”, alega Galán.
Desproporciones de este calibre ponen de presente, una vez más, la necesidad de reformar los mecanismos de financiación estatal de los partidos. De hecho, en la frustrada reforma política que se hundió en marzo pasado, Transparencia por Colombia planteaba no solo la necesidad de mejorar la oportunidad y equidad en el acceso de recursos públicos, sino fortalecer la rendición de cuentas para determinar con mayor precisión el origen, monto y destinación de la plata que financia la política.
Lo cierto hoy, ante la proliferación de partidos, es que además de lo costosa que podrá llegar a ser la democracia, el país corre el riesgo de retroceder en materia de garantías electorales y regresar a principios de siglo, cuando en Colombia llegaron a existir hasta 59 organizaciones políticas, muchas de ellas convertidas en “microempresas electorales”.
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Adicionalmente, según la MOE, la multiplicidad de partidos puede llegar a erosionar el sistema, pues a la gente del común le va a costar más identificar los movimientos en competencia, así como su postura ideológica. A ello se suma la atomización de liderazgos, “que puede ser aprovechada por los clanes políticos locales ya que no dependen de una organización política nacional con estatutos, mecanismos de selección y controles que no sea manejada por ellos”, alerta la Misión.
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