En una medida sin precedentes, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, liderada por Adwar Moisés Casallas, ordenó el cierre temporal de 48 estaciones de servicio en 15 municipios de Norte de Santander. La decisión, amparada en la Resolución N° 152 del 17 de febrero de 2025, responde a presuntas inconsistencias en la ubicación de estas EDS, lo que podría configurar un riesgo de desvío de combustible hacia economías ilícitas.
Este cierre se fundamenta en el Decreto N° 132 del 5 de febrero de 2025, expedido en el marco de la declaratoria de Estado de Conmoción Interior por la crisis de seguridad en el Catatumbo. Sin embargo, el detonante de la medida fue el informe ‘Plan de control de hidrocarburos destinados a economías ilícitas’ del Ministerio de Defensa, que evidenció discrepancias entre la ubicación oficial y la real de las estaciones.
Un hallazgo basado en inteligencia y tecnología
Según el informe, liderado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se compararon registros oficiales de ubicación con imágenes satelitales, vuelos de reconocimiento y bases de datos de infraestructura vial y comercial. Este análisis reveló que las estaciones afectadas presentaban inconsistencias en su georreferenciación, lo que impide validar con certeza su operatividad en los puntos reportados.
El documento destaca que el hallazgo surge del cruce de datos entre los sistemas de la Fuerza Aeroespacial y el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (Sicom). Ante este panorama, el Gobierno determinó que la situación representaba un posible riesgo de desvío de hidrocarburos hacia mercados ilegales, lo que llevó a la drástica decisión de suspender temporalmente su funcionamiento.
Expertos cuestionan la proporcionalidad de la medida
Si bien la medida ha sido respaldada por sectores que buscan mayor control sobre el contrabando de combustible, también ha generado inquietudes. Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy y experto en hidrocarburos, consideró que si bien es clave combatir actividades ilícitas, el criterio utilizado podría ser excesivo.
“Está bien que se tomen medidas con el debido soporte técnico y rigor, pero suena desproporcionado asumir que todas estas estaciones pueden estar involucradas en actividades ilícitas solo por discrepancias en las coordenadas. Hay un problema más amplio con la georreferenciación de estaciones en zonas de frontera”, afirmó Vera.
Por ahora, las autoridades no han precisado cuánto tiempo durará el cierre ni si se revisarán caso por caso las estaciones afectadas. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los propietarios de estaciones y la comunidad, que teme un impacto en el abastecimiento de combustible en la región.
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